Desde SOCISALUD, Sociedad Civil por la Salud, denuncian que familias con hijos con enfermedades graves y degenerativas se quedan sin ayudas cuando más lo necesitan. Por ello, solicitan una modificación de la legislación para prorrogar la prestación.
Según el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, los padres tienen derecho a solicitar una reducción de la jornada laboral para dedicarse al cuidado de los hijos con enfermedades graves.
Además, pueden acceder a una prestación para que los ingresos de la unidad familiar no disminuyan. Todo ello hasta que sus hijos cumplen 18 años. Dicho real decreto en su artículo 7.3. recoge que, una de las causas para la extinción del subsidio, es la mayoría de edad del hijo afectado por la enfermedad.
Esta medida de todo punto injusta pone en alerta a las familias y a Sociedad Civil por la Salud que recuerda el artículo 43 de nuestra Carta Magna, donde se cita expresamente el derecho a la protección de la salud, competencia de los poderes públicos en la organización y tutela de la salud pública. Por desgracia, para estas personas y sus seres queridos, sus enfermedades no se curan al alcanzar la mayoría de edad.
“Este hecho es un claro ejemplo de edadismo (discriminación por razón de edad) y que en este particular afecta a los más jóvenes con grandes necesidades de cuidados especiales, constantes y de por vida. Que sobrecargan a las familias. En muchas ocasiones, de manera injusta, las madres se ven obligadas a renunciar a su carrera profesional”. Así lo manifiesta Esther Sabando, en calidad de secretaria de organización.
Piden un cambio de la legislación para prorrogar la prestación
SOCISALUD, Sociedad Civil por la Salud, representante de asociaciones y federaciones de pacientes y profesionales de la salud solicita la modificación legislativa. Esta permite la prórroga de la prestación por cuidado de menores con enfermedades poco prevalentes, crónicas y progresivas que implican altos grados de discapacidad y dependencia.
Además, esta entidad ofrece su conocimiento y experiencia para mejorar el cuerpo legal autonómico y nacional. Las familias en España ya no son ese pilar de cuidados asegurados. Por ello, es el Estado el que debe garantizar los derechos de aquellas personas más necesitadas de apoyos.
«Los derechos fundamentales no deberían tener fecha de caducidad». Así lo recuerdan las asociaciones de padres y madres que integran esta entidad ubicada en la Comunidad de Madrid.
