Hace justo un año, se aprobó el nuevo baremo de discapacidad, que sustituía al que estaba en vigor desde 1999. Esta medida iba a afectar a las más de 4,8 millones de personas que tienen discapacidad en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) indicaron que de esta manera se respondía a una demanda del sector de la discapacidad, que llevaba bloqueada 10 años.
Ahora, tras un año de su aplicación, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha dirigido al ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para solicitar que este Departamento proceda a llevar a cabo la evaluación del nuevo baremo del grado de discapacidad.
El CERMI pide evaluar el nuevo baremo del grado de discapacidad
Como base de esta petición, el CERMI invoca la disposición adicional quinta del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que enuncia el mandato de que «transcurrido el primer año de aplicación del baremo establecido en este Real Decreto, el IMSERSO en colaboración con las comunidades autónomas y previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, realizará una evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación del mismo y propondrá las modificaciones que, en su caso, estime procedentes».
Las principales bases sobre las que se ha sentado este nuevo baremo del grado de discapacidad:
- Compromiso
- Criterios comunes
- Base científica
- Accesibilidad Universal
- Trámite de urgencia
- Información fiable
- Participación
- Género e infancia
Críticas de las personas con discapacidad
Dado que el primer año de aplicación del nuevo baremo ya ha culminado, el CERMI insta al IMSERSO y a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, como centros directivos inmediatamente responsables, a comenzar esa evaluación y tener el informe de resultados a la vuelta de unos meses.
Precisamente uno de los aspectos más denunciados por las personas con discapacidad y sus familias en estos momentos, son los retrasos por parte de las Comunidades Autónomas en las valoraciones del grado de discapacidad, que en algunos territorios llegan a los dos años de demora.
Para paliar este pésimo funcionamiento de los servicios públicos, el CERMI viene exigiendo a las Comunidades Autónomas que amplíen y refuercen sus estructuras de valoración de la discapacidad y formen intensivamente a su personal en el manejo de nuevo baremo y de su soporte tecnológico. Todo ello en el marco del despliegue de planes de choque contra los retrasos, que debe constituir una prioridad dentro de su acción en materia social.
