El 1 de enero de 2022 entraron en vigor las nuevas medidas del primer paquete de la reforma de pensiones, las cuales ya han comenzado a aplicarse en las diferentes pensiones contributivas que contempla el sistema español. Entre estas medidas se ha incorporado el nuevo mecanismo de revalorización de pensiones en función del IPC del año anterior.
Por otra parte, también se han incluido medidas relacionadas con la jubilación demorada. Concretamente, el ciudadano puede seleccionar entre tres incentivos diferentes por retrasar el momento de su jubilación. También se ha aprobado recientemente la regulación de los nuevos Planes de Pensiones de Empleo Simplificados (PPES o PES).
Así, durante el otoño de 2022 el Gobierno de España y los principales agentes sociales deben reunirse para acometer la aprobación de diferentes medidas comprometidas en el segundo paquete de la reforma de pensiones. Es decir, se esperan novedades en materia de pensiones antes de la finalización del año 2022.
Nuevas medidas sobre pensiones a negociar
El primer punto que deben negociar desde el Gobierno de España y los diferentes agentes sociales es el destope de la base máxima de cotización y la pensión máxima del sistema español. En la actualidad, la base máxima de cotización es de 49.672 euros; mientras que la pensión máxima del sistema se sitúa en 39.468,52 euros al año (2.819,18 euros al mes).
En el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, enviado a Bruselas, se establece que «la adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema». Se trata de una medida que tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del actual sistema español.
Otra de las medidas claves a negociar es la adecuación de las nuevas carreras profesionales del periodo del cómputo para calcular la pensión de jubilación que corresponda a cada ciudadanos. En este caso, el objetivo es aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión desde los 25 años actuales hasta los 35 años.
Al respecto, los profesionales de BBVA explican que «para contar con el visto bueno de los sindicatos a esta medida, ese incremento del número de años de cotización, hasta los 35 considerados, podría ir acompañado de la posibilidad de elección por parte del trabajador de los 25 mejores años de cotización (o de los 30 mejores años)».
Posibles reformas
El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también podría negociar con los agentes sociales un sistema de contabilización en la base reguladora de las lagunas de cotización con menos perjuicio del que se aplica en la actualidad; especialmente en el caso del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
La ampliación del número de años para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación podría beneficiar especialmente a aquellos trabajadores que fueron expulsados del mercado laboral en el tramo final de su carrera laboral. En este sentido, se trata de una medida que aportaría más equidad al sistema español. Sin embargo, podría ser perjudicial para la mayoría de trabajadores.
