España marca un récord histórico al superar el millón de pensionistas por incapacidad permanente, una cifra que refleja no solo el crecimiento en el número de solicitudes aprobadas, sino también los cambios estructurales en el sistema laboral y de salud del país. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a fecha 25 de febrero de 2025, se registran 1.002.040 personas que reciben esta prestación, consolidando una tendencia al alza que se ha mantenido durante la última década.
Este tipo de pensión forma parte del régimen contributivo de la Seguridad Social y está dirigida a quienes, por enfermedad o accidente, ya no pueden desempeñar su trabajo de manera habitual. La revalorización de estas pensiones en 2025 ha sido del 2,8 %, aunque las cuantías mínimas han registrado aumentos aún mayores, conforme a las directrices marcadas por el Gobierno. El objetivo es claro: garantizar un respaldo económico digno para quienes han perdido su capacidad laboral total o parcialmente.
Más de un millón de beneficiarios de incapacidad permanente en 2025
Entre los años 2015 y 2024, el número de pensionistas por incapacidad permanente se mantuvo entre los 936.666 y los 995.503, evidenciando un crecimiento progresivo. Este ascenso ha culminado ahora con la cifra récord de más de un millón de personas beneficiarias. Las pensiones se clasifican en distintos grados —parcial, total, absoluta y gran invalidez— según el nivel de limitación funcional que presente el trabajador afectado.
El incremento responde a una combinación de factores: el envejecimiento de la población activa, la mejora en los diagnósticos médicos y una mayor concienciación social sobre los derechos laborales. También influye el aumento de enfermedades profesionales en sectores con alta siniestralidad, así como las consecuencias de la pandemia de COVID-19, que ha dejado secuelas persistentes en la salud de numerosos trabajadores.
Retos para la sostenibilidad del sistema
Este incremento de pensionistas por incapacidad permanente representa un desafío importante para el sistema de la Seguridad Social. Las autoridades deben mantener el equilibrio financiero sin dejar de proteger a quienes realmente lo necesitan. Ante esta situación, el Gobierno analiza nuevas fórmulas para asegurar la viabilidad del sistema a medio y largo plazo.
Organizaciones de personas con discapacidad y enfermedades crónicas reclaman además una agilización de los trámites para el reconocimiento de la incapacidad, así como medidas efectivas para la reincorporación laboral de aquellos que puedan volver al mercado de trabajo bajo condiciones adaptadas.
En resumen, España alcanza un hito social sin precedentes, pero el verdadero desafío está en garantizar que este avance en protección social vaya acompañado de un sistema más ágil, justo y sostenible para las generaciones presentes y futuras.
