José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha sido muy critico en su última intervención hablando sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Ha señalado que hay «muchísima gente que ha pedido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sin necesitarlo». De hecho, señala que si el Gobierno hubiera aceptado conceder la prestación solo con una declaración responsable, habrían tenido que pedir el reintegro del dinero a más de 1,5 millones de familias.
Hay que recordad que el Ingreso Mínimo Vital es una ayuda que se lanzó, a modo de urgencia, en la época del Covid-19. Esta prestación tiene un objetivo muy claro: ayudar a las personas o familias con rentas bajas. De esta manera se atiende a las características de los hogares, a aquellos más vulnerables, como familias con niños y monoparentales.
José Luis Escrivá ha añadido que «al mismo tiempo que tenemos el problema de ‘non take up’, tenemos el problema contrario, incluso más agudo. Y es que muchísima gente ha pedido el IMV sin necesitarlo». El ministro ha estado presente en el seminario ‘Ingreso Mínimo Vital: Allanando el camino’. Dicho acto ha sido organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y celebrado en la Fundación ONCE.
Más de medio millón de hogares con IMV
El ministro de Inclusión ha indicado que, por el momento, han concedido el Ingreso Mínimo Vital a unos 550.000 hogares. Eso sí, han sido más de 2 millones de solicitudes las que han recibido, con más de 1,5 millones e solicitudes rechazadas. Además, ha explicado que «la mayoría» de estas peticiones provenían de familias con «niveles de renta o patrimonio que exceden, no por poco sino ampliamente los niveles de vulnerabilidad».
La principal petición que recibieron cuando estaban diseñando el Ingreso Mínimo Vital es que se pudiera acceder a ella solo con una declaración responsable. Sin embargo, el equipo liderado por José Luis Escrivá lo rechazó, y fue criticado por ello. Ahora, señala que si la hubieran aceptado, habrían tenido que pedir el reintegro de la ayuda a muchas familias.
«Hubiéramos tenido que comprobar a posteriori que cumplen los requisitos de renta y patrimonio. Luego hubiéramos tenido que pedir el reintegro a más de 1,5 millones de familias. Imaginemos el lío en que nos hubiéramos metido todos», añadía José Luis Escrivá.
El ‘non take up’: personas que cumplen los requisitos y no solicitan el IMV
También ha alertado del problema contrario, el del ‘non take up’. Es decir, las personas que cumplen los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital pero no lo solicitan. «Desgraciadamente, hay un porcentaje significativo de personas que deberían recibir la prestación pero no la reciben bien porque no llegamos a ellos, bien porque no la solicitan aunque se les invite», ha precisado Escrivá.
Ante esta situación, el ministro ha indicado que enviaron cerca 100.000 SMS a familias que, por sus datos fiscales de renta y patrimonio, consideraban que tenían derecho a la prestación. Por ello, se les han invitado a entrar en procesos acelerados de solicitud del Ingreso Mínimo Vital.
Con el objetivo de acabar con este programa, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha puesto en marcha con EAPN-ES un proyecto piloto por el que se crean zonas de difusión del Ingreso Mínimo Vital. Los conocidos como autobuses del IMV estarán ubicadas en lugares cercanos a potenciales beneficiarios.
El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), Carlos Susías, ha explicado que se han puesto en marcha 400 nodos, 200 de contraste y 200 de intervención directa «donde lo que se hace es ver la motivación de por qué no se ha llegado al IMV si se tiene derecho y luego también ver determinadas maneras de apoyar y ayudar para llegar a acceder a este tipo de recursos».
«Afecta a un montón de familias que están en situación de alta precariedad, que teniendo derechos no están accediendo a los mismos». Así lo ha advertido Susías. En un principio, según ha precisado, se calculaba que habría entre 180.000 y 200.000 hogares españoles en esta situación de ‘non take up’.
