El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena Inclusión han aplaudido la aprobación el proyecto de Ley de reforma del Código Civil en materia de personas con discapacidad, que deja atrás la incapacitación entendida como un estado civil e introduce cambios en la regulación de las instituciones de guarda y protección de las personas con discapacidad.
«Con la aprobación hoy martes por el Consejo de Ministros de la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de reforma del Código Civil y normativa conexa en materia de personas con discapacidad, da inicio un proceso histórico para adecuar la legislación sustantiva y procesal civil a los mandatos sobre igual capacidad jurídica de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas», ha celebrado el CERMI.
Asimismo, ha puesto de relieve que el Proyecto de Ley, que se remite al Congreso para comenzar su trámite parlamentario, ha sido elaborado por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, que ha trabajado «en los últimos años en la preparación de la propuesta, oyendo y consultando a todas las instancias y operadores jurídicos con interés en la reforma, la mayor en número de artículos modificados del Código Civil desde su adopción en el siglo XIX».
Además, ha señalado que esta iniciativa da cumplimiento al mandato del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga a los Estados parte, entre ellos España, a garantizar la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todo el tráfico jurídico sin restricciones ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso, pero sin sustituir a la propia persona.
El fin de una «discriminación histórica»
«La reforma legal hoy iniciada supondrá un cambio radical en cómo el Derecho civil ha entendido la discapacidad y a las personas con discapacidad, pasando del esquema paternalista y restrictivo de derechos de la sustitución al promotor de los apoyos a la toma de decisiones», ha subrayado.
El CERMI considera este Proyecto de Ley un texto «solvente, acertado y positivo», para el que pedirá el apoyo de todo el arco parlamentario, ya que es una reforma «ideológicamente transversal, derivada de exigencias de derechos humanos, no partidista, que puede y deber ser compartida por todas las fuerzas políticas».
Para la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena Inclusión, el texto elimina «una discriminación histórica» del colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con la capacidad modificada jurídicamente, como han denunciado en reiteradas ocasiones entidades como la AEFT, Plena Inclusión o el CERMI, entre otras.
Además, la AEFT ha defendido que la «importancia» de esta reforma radica «en el reconocimiento de que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones». «Se promueve la eliminación de la modificación total de la capacidad jurídica y la garantía de un modelo de provisión de apoyos, alineado con los derechos humanos», ha aplaudido.
Un «nuevo enfoque»
«Este nuevo enfoque garantiza el respeto de la voluntad y preferencias, así como el fomento de la autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad, frente a la sustitución en su toma de decisiones», ha argumentado la entidad.
Por otro lado, la AEFT y Plena Inclusión han saludado que el texto haya incorporado «la prohibición de que entidades de apoyo a personas con discapacidad actúen como juez y parte, es decir, la imposibilidad de ser tutoras y ofrecer otros servicios».
Asimismo, ambas organizaciones consideran que la reforma legislativa es «fundamental para impulsar un cambio de paradigma en la provisión de apoyos y la garantía de derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo».
Sin embargo, explican que existe la necesidad de dotar de mecanismos y herramientas que garanticen dicho modelo, así como de formar adecuadamente a los profesionales del Poder judicial y de la abogacía en el espíritu de la Convención y el de la reforma del Código Civil.
«Si no se hace un esfuerzo por cambiar la visión social de la discapacidad intelectual, se podría dar frecuentemente la situación de que la figura de la curatela pueda justificar la necesidad de representar totalmente a la persona, sosteniendo los prejuicios y estereotipos hacia las personas con discapacidad, y pasando de la excepcionalidad a la regla general», ha indicado Alana Cavalcante, asesora jurídica de ambas organizaciones.
Por último, han señalado que les llama la atención «el uso de una nomenclatura «anticuada y contraria» al espíritu de la Convención como son «afectado» o «si tuviere suficiente juicio», que esperan se rectifique.