El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha realizado un balance de la evolución de la agenda de derechos humanos y discapacidad durante el año 2021.
Así se ha hecho durante la reunión del Comité de Apoyo del CERMI Estatal para la Convención de la ONU. En dicho acto se ha hecho un repaso a las principales cuestiones sobre:
- Políticas.
- Decisiones públicas.
- Iniciativas legislativas.
- Casos judiciales.
Todos ellas tienen implicaciones con los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este sentido, se han referido al fallo del Tribunal Constitucional. En este caso amparó a una persona con discapacidad, desahuciada de su vivienda, porque la Justicia no tuvo en cuenta sus dificultades cognitivas. Y es que esta la situaban en una posición de vulnerabilidad.
También han hecho alusión a la decisión del Tribunal Europea de Justicia. Hay que recordar que dio la razón a España y declaró que la normativa estatal de contratación pública, que prevé la reserva de un porcentaje (del 7 al 10%) en favor exclusivamente de Centros Especiales de Empleo e iniciativa social -los promovidos por el movimiento asociativo de la discapacidad- “es conforme a la legislación comunitaria”.
Asimismo, el CERMI ha recordado la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En este caso el Ayuntamiento de Barcelona deberá cumplir con un dictamen del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Aquí se debería evaluar si un agente de la Guardia Urbana en situación de incapacidad permanente total puede desempeñar una segunda actividad como funcionario del consistorio.
El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad
Por otro lado, en la reunión se ha hecho referencia al proceso de redacción por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de una observación general sobre el artículo 27 –Trabajo y Empleo- de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, desde CERMI Estatal se ha puesto de manifiesto el incremento de la brecha social motivada por el crecimiento de las desigualdades, la escasez y precarización del trabajo, la desregularización de las relaciones laborales, la digitalización no inclusiva, la escasez de oportunidades de empleo, etc.
En este sentido, han abogado por impulsar empresas sociales en el ámbito de la economía social. Todos ellos dan lugar a la generación de una dinámica de actividad centrada en el propósito y el valor social. Estos “son plenamente conformes con los mandatos recogidos en el artículo 27″. Además, «deben ser consideradas como iniciativas propias de las personas con discapacidad como ejemplo de emprendimiento colectivo”.
Eliminar el término ‘disminuido’
De la misma manera, se ha hecho un repaso del estado de situación del proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española sobre derechos de las personas con discapacidad.
En este punto, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que todos los partidos políticos se sumen consenso para la renovación de este artículo de la Carta Magna porque ni la terminología empleada ni el contenido “están alineados con la visión plena de derechos humanos, que es el único abordaje admisible en relación con la discapacidad”.
También se han referido a la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que asumió la dimensión inclusiva con las personas con discapacidad. En este caso se incorporó gran parte de las propuestas sugeridas desde el movimiento social de la discapacidad. Todo ello a través de un documento de contribución para la mejora del bienestar social para todas las personas y en todos los territorios.
Por otro lado, las personas integrantes del Comité de Apoyo del CERMI Estatal para la Convención de la ONU han hecho una recopilación sobre los avances en materia de derechos humanos sobre la eliminación de los internamientos y tratamientos forzosos por razón de “trastorno psíquico”, junto con la Confederación Salud Mental España.
Igualmente, se ha informado sobre la litigación estratégica del CERMI a través de una demanda contencioso administrativa contra el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que se obligue a que todo el material rodante de Renfe sea accesible con arreglo a la legalidad vigente.
