COCEMFE ha lanzado una nueva campaña bajo el lema ‘Una casa de la que no puedes salir, es una vida que no puedes vivir’, con la que se busca «una nueva normativa y mayores ayudas» para garantizar el derecho a una vivienda accesible y poner fin al «confinamiento forzoso que todavía están viviendo personas con discapacidad por la falta de accesibilidad de su edificio».
La campaña #UnaCasaDeLaQuePoderSalir pone el foco en el ascensor como «una de las reformas más importantes y que queda imposibilitada por el coste, la falta de empatía y la voluntad política».
Más del 10% de los edificios de viviendas navarros necesita ascensor, además de registrarse otros obstáculos como escalones en el acceso al portal (uno de cada cuatro), puertas pesadas, buzones altos… según un estudio de la fundación Mutua de Propietarios, quien añade que sólo un 14% ha recibido algún tipo de ayuda para mejorar la accesibilidad, señala COCEMFE en una nota.
UNA REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL
«Las personas con discapacidad estamos agotadas de solicitar que se nos permita salir de nuestros propios domicilios. Llevamos muchos años reclamando cambios legales que garanticen nuestro derecho a la vivienda, nuestra autonomía personal y la libertad de movimientos. Es hora de pasar de las palabras a los hechos», explica Cristina Mondragón, presidenta de COCEMFE Navarra. En este sentido, reclama al Gobierno que impulse la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que regula los derechos y obligaciones entre propietarios, y cree un fondo estatal para sufragar las obras de mejora de la accesibilidad.
En concreto, la ley establece que las obras de accesibilidad en edificios de viviendas «serán obligatorias sin necesitar el consentimiento de la propia comunidad cuando las soliciten propietarios con discapacidad o mayores de 70 años, siempre y cuando el gasto no supere las doce mensualidades de gastos comunes o las subvenciones cubran el 75% del coste». El resultado es que «debido a su alto coste o a las ausencia de ayudas» dejan de ser obligatorias y las comunidades vecinales «no quieren o no pueden hacer frente a las obras».
Frente a «una ley que no funciona», COCEMFE reclama que estas obras de accesibilidad «sean siempre obligatorias y asumidas por las propias comunidades vecinales, habilitando las ayudas públicas suficientes para que el esfuerzo económico resulte asumible para sus residentes». Para ello, propone la creación de un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal, nutrido con el 1% de la inversión que los Presupuestos Generales destinen a obras públicas e infraestructuras y con lo recaudado en sanciones por incumplimiento de la normativa en accesibilidad.
