Ocho asociaciones de personas con discapacidad han denunciado ante la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz que la Junta de Andalucía habría «vulnerado la normativa» que exige reservar un 10 por ciento de plazas para personas con discapacidad en el procedimiento para la selección de 3.000 vigilantes de playa, lo que habría «privado a al menos 300 personas de un puesto de trabajo».
El escrito de queja, consultado por Europa Press, indica que, según la información recabada por los colectivos, en las «búsquedas» en cada una de las bolsas de trabajo, la Junta «no ha realizado ningún filtro para detectar a los demandantes de empleo con discapacidad que hay» pese a tener las bolsas «carácter preferente a la hora de conseguir aspirantes para los puestos de trabajo a cubrir».
Añade, en esta línea, que «decenas» de personas con discapacidad en cada una de las provincias costeras andaluzas se han puesto en contacto con las asociaciones del tercer sector «para indicar que no se les ha avisado» en este proceso selectivo público de personal laboral aunque sí estaban «inscritos en dichas bolsas de trabajo», vía preferente para la sección de aspirantes.
Los colectivos que firman la queja entienden que el Gobierno andaluz «ha evadido mediante una normativa exprés y de supuesta urgencia», la norma que le obliga a reservar un 10 por ciento de plazas y ha «convertido en papel mojado» con la «fórmula» utilizada para la contratación de estos vigilantes de playa «su propia Ley de Atención a las Personas con Discapacidad» y los «derechos que tanto trabajo ha costado conseguir».
Un procedimiento de «urgencia»
«Los procedimientos de urgencia tiene como fin acortar plazos, pero en ningún caso recortar los derechos de una población especialmente golpeada por la crisis social, laboral y sanitaria que se vive motivada por el covid-19», critican al tiempo que advierten de que nada «justifica» el que se haya cometido «tal infracción».
En la queja presentada a la oficina que dirige Jesús Maeztu, señalan, asimismo, que tampoco «exonera» del cumplimiento de las normas que obligan a la reserva de plazas «que se requiriesen determinadas facultades que no concurran en las personas con discapacidad, dada la escala a la que se refiere la contratación y las funciones que se requieren a los contratados».
Las ocho asociaciones firmantes concluyen que hay una «dejación» por parte de la Junta y detallan varias fórmulas que podría haber arbitrado para la contratación de 300 personas con discapacidad pese a la «urgencia del procedimiento».
«El decreto-ley de la Junta ya preveía que para este proceso se disponga de las personas que aparecen las bolsas existentes en la administración autonómica, y, en cualquier caso, bastaba con permitir que las solicitudes que se presentasen indicasen la existencia de una discapacidad y abordar lo procedente para respetar las cuotas de reserva a favor de esta población», explican.
Discriminados
Aluden, asimismo, a que a esto se une que las personas integrantes en los listados resultantes de la integración de las Bolsas de Trabajo de personal de servicios generales «eran susceptibles, por tanto, de ser llamadas para incorporarse a estas ofertas de empleo».
En su escrito, ANDA, A Toda Vela, Verdiblanca, Asoal, Asalsido, Asperger, Dárata y Aspapros le piden al Defensor del Pueblo andaluz que insten al Gobierno andaluz a «reparar» esta actuación «contraria a la ley» y a que proceda a la contratación «inmediata» de, al menos, 300 personas con discapacidad.
Interesa también que, en caso de que entienda que el decreto ley es «contrario a derecho» dado que vulneraria derechos fundamentales y habría derivado en discriminación, lo recurra «incluso al Tribunal Constitucional con todas las consecuencias inherentes aparejadas».
