Con el fin de favorecer el acceso al empleo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social se encuentra ultimando la regulación reglamentaria. Esta tiene que ver con el marco de incentivos para la contratación laboral de personas con capacidad intelectual límite.
Esta medida pretende no excluir a las personas, que pese a la necesidad de apoyos, no alcanzan el reconocimiento del 33% del grado de discapacidad. Debido a esto, estas personas quedan excluidas de las medidas de promoción de empleo destinadas para las personas con discapacidad.
El proyecto de real decreto, que pretende promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite, ha recibido ya los informes preceptivos y se encuentra en las últimas fases de su tramitación. Llegado el momento, deberá de ser elevado a aprobación del Consejo de Ministros.
Este real decreto constituye el desarrollo reglamentario de la disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto. Esta habla de la adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad.
Esto implicaba al Gobierno de España a regular unas medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite. Eso sí, estas personas deben tener reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33 por ciento.
Esta propuesta fue planteada originalmente por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Para que sea efectiva necesita el desarrollo posterior del Ejecutivo mediante real decreto.
El establecimiento de incentivos para la inclusión laboral de personas con capacidad intelectual límite se enmarca en el mandato del artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre empleo inclusivo en el mercado abierto.
