En la actualidad, en torno a un millón de personas en España tiene el derecho a recibir una pensión de incapacidad permanente tras la adecuada certificación por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. No obstante, un gran número de personas se enfrenta a una importantes espera correspondiente al procedimiento de tramitación de la prestación.
Y este hecho no se debe a la pandemia del Covid-19; ya que los últimos datos antes de la pandemia del Covid-19 reflejaban que más del 95% de solicitudes para la pensión de incapacidad permanente eran rechazadas por la vía administrativa.
Este hecho provoca que la mayoría de ciudadanos acuda a la vía judicial para obtener el derecho a recibir este tipo de prestaciones. Por tanto, la tramitación de la incapacidad permanente puede llegar a eternizarse en muchas ocasiones.
En este sentido, desde ‘Fidelitis’ aseguran que la gran mayoría de personas que inicia este procedimiento no obtiene el grado pertinente de incapacidad permanente que realmente le corresponde hasta años después. Esto es algo por lo que muchas personas se rinden antes de tiempo, ya que el proceso puede ser agotador.
Cinco años peleando por una incapacidad permanente
Un ejemplo claro de lo que ocurre en multitud de ocasiones nos lo cuenta la presidenta de la Asociación de Cáncer Gástrico y Gastrectomizados, Pilar Ruiz. Ella confiesa que pensó en renunciar a la pensión de incapacidad permanente en más de una ocasión.
Son más de cinco años peleando por su caso. Pilar Ruiz solicitó por cuenta propia la pensión de incapacidad permanente; siendo acreditada en un grado total. Es decir, dicho grado le inhabilita para desempeñar su profesión habitual, aunque si que puede llevar a cabo otras actividades laborales; según la Seguridad Social.
Sin embargo, las secuelas del cáncer de estómago de Pilar Ruiz y su posterior extirpación de estómago (gastrectomía) no le permiten realizar ninguna actividad laboral. Por ello, esta ciudadana reclama una pensión de incapacidad permanente absoluta.
Por ello, decidió ponerse en manos de un abogado que realmente no era especialista en estos temas y terminó perdiendo el caso en primera instancia en los juzgados. Así, a partir de ese momento, Pilar Ruiz confiesa haber vivido un calvario. Pero su historia también la viven miles de personas cada año en España.
De esta forma explica Pilar Ruiz su situación: «Casi cuatro años con unos ingresos de 500 euros, separada, con una niña menor de edad y sin poder trabajar en nada por mis secuelas, con la ayuda de mi madre para poder sobrevivir, malvendiendo mi coche y un largo etc».
«Todo ello acompañado de ingresos periódicos en el hospital, anemia y desnutrición, neumonía, mareos y desvanecimientos por las bajadas de azúcar, defensas muy bajas, y otras secuelas vinculadas al Síndrome de Dumping severo que me produjo la gastrectomía”, señala la presidenta de ACCGG.
Comienza a ver la luz al final del túnel
Si bien, recientemente ha recibido una notificación por parte de ‘Fidleitis’, comunicándole una resolución favorable de su caso para percibir la incapacidad permanente absoluta.
Al respecto también se ha manifestado Lorenzo Pérez, presidente de ‘Fidelitis’. «Desde que conocí a Pilar supe que era una luchadora y cuando exploré su caso en profundidad le dije que se había cometido una injusticia, pero que no se preocupara porque antes o después íbamos a conseguir que se reconocieran sus derechos».
En este sentido, Lorenzo Pérez manifiesta que el 70% de los procedimientos que se pierden no son reclamados por los ciudadanos; especialmente por un desconocimiento elevado de sus derechos. «El sistema está montado para que los procesos se alarguen muchas veces, como el caso que nos ocupa, y la gente pierde la esperanza y desiste».
Pilar Ruiz tenía decidido luchar por sus derechos y lo ha conseguido de la mano de ‘Fidelitis’. Además, le hizo una especial petición a Lorenzo Pérez; diciendo que «si yo me quedaba por el camino (si moría), continuaría con el proceso incluso en Europa hasta que mis derechos me fueran reconocidos».
Así, Pilar Ruiz ha comenzado otra lucha. El objetivo es que la Administración le reconozca el importe de la pensión que le corresponde por tener una incapacidad permanente absoluta desde el inicio del procedimiento y no desde el pasado 26 de mayo; cuando recibió la notificación por correo.
