.El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha hablado sobre el proceso de reforma constitucional del término ‘disminuido’ en la Constitución. «Los demás sería oportunista», ha señalado el presidente de la entidad, Luis Cayo Pérez Bueno. Desde el CERMI, piden a los grupos políticos con representación parlamentaria que ciñan el proceso de reforma constitucional en curso única y exclusivamente el artículo 49. No ir más allá de ese cambio por las personas con discapacidad.
Esta advertencia se produce después de que se hayan hecho públicas las enmiendas que los partidos en el Congreso han presentado a esta reforma. Y ya hay casos como el de PNV que quiere incluir en la Carta Magna:
- Derecho a la autodeterminación
- Limitar la inviolabilidad del Rey
- Suprimir el 155
- Quitar a las Fuerzas Armadas su función de mantener la integridad territorial
Mientras, Junts propone echar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado y limitar al Tribunal de Cuentas y al Constitucional.
Desde 2017 el CERMI lleva impulsando un cambio en la Constitución. Todo ello con la idea de retirar del texto constitucional «la expresión hiriente ‘disminuido'». El objetivo es sustituirla por la de «personas con discapacidad». Además, busca reformular el artículo «en clave del nuevo paradigma de derechos humanos de entender esta realidad exigido por la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad».
El nuevo texto en cuestión, que consta de cuatro puntos, fue consensuado en el Congreso en 2018 pero no se pudo aprobar por la disolución de las cortes que se produjo tras la convocatoria de elecciones para 2019. Un año más tarde, el Gobierno impulsó este mismo texto, ya como proyecto de ley, que ahora se está tramitando de nuevo en el Congreso.
Los partidos políticos deben abandonar «cualquier otra pretensión»
Para el CERMI, que ahora se intenten plantear otras cuestiones que nada tienen que ver con las personas con discapacidad al hilo de esta reforma, «pone en riesgo un objetivo social plenamente justificado que cuenta con un amplio respaldo social y político». Y, en este sentido, han pedido a los grupos que «abandonen cualquier otra pretensión» de reforma de la Carta Magna. Y es que, a su juicio, «no existe la madurez ni el consenso mínimo».
Pérez ha señalado a estos grupos que, «si quieren otro tipo de reformas» a la Constitución «presenten sus propinas iniciativas» pero no usen la impulsada por el movimiento asociativo de la discapacidad porque «la compromete gravemente». «Sus objetivos no los van a conseguir y van a malograr los nuestros», ha apuntado.
«Es nuestro momento, el de la discapacidad, y no puede ni debe mezclarse oportunistamente con otros debates que no hacen al caso y que son una amenaza para que esta primera reforma social de la Constitución culmine definitivamente, tras tantos años de espera», advierten desde la entidad.
