El movimiento CERMI ha instado al Gobierno de España a aprobar “ya” el nuevo baremo de valoración de la discapacidad, “con arreglo al modelo social”. Así lo ha destacado durante la celebración de la VII Conferencia CERMI Territorios, que ha tenido lugar de forma telemática.
Durante el encuentro, Ruth Vidriales, presidenta de la Comisión de Valoración de la Discapacidad del CERMI, ha destacado que, tras un periodo de dos años en los que se habían paralizado los trabajos entre el CERMI y el IMSERSO, se ha retomado este contacto para su seguimiento y para valorar el informe del estudio piloto sobre cómo funciona la nueva propuesta de baremo en relación a la anterior, que data de 1999, y si contiene las aportaciones del CERMI.
En este sentido, el CERMI ha considerado que la información de ajuste del contenido del baremo “es insuficiente”, ajustándose sobre todo a los tiempos de aplicación del nuevo sistema de valoración (se tarda lo mismo en aplicarlo tanto en uno como en otro). Además, ha indicado que hay que prestar atención a la formación y composición de los equipos de valoración, así como el reconocimiento de las situaciones de dependencia dentro de este baremo a futuro.
Dentro de este contexto, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha anunciado que el IMSERSO y la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad han iniciado internamente los trabajos para poner en forma jurídica el baremo, que sería el anexo de un cuerpo jurídico, que faltaría todavía redactar.
La «doble importancia» de la sostenibilidad
Por otra parte, la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, ha resaltado la “doble importancia” del acuerdo marco firmado entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Plataforma del Tercer Sector que da respuesta a parte de las reivindicaciones de las entidades sociales en materia de sostenibilidad.
Para ella, este acuerdo ha supuesto avanzar en el diálogo social, reforzando la interlocución entre el Gobierno y el Tercer Sector; y, al mismo tiempo, en una financiación algo más estable y segura de las entidades del Tercer Sector, “que permitirá continuar trabajando a favor de la transformación social”.
Asimismo, Álvaro Cervera, miembro de la Comisión de Accesibilidad del CERMI Comunidad de Madrid y del Grupo de Accesibilidad Cognitiva del CERMI Estatal, ha presentado un documento de propuestas sobre las recomendaciones para promover el uso adecuado de los pictogramas, en orden a la accesibilidad universal.
Un trabajo “necesario” al comprobar que su uso por parte de las administraciones “no se corresponde” con los requisitos de la accesibilidad cognitiva o universal y “puede dar una imagen errónea” de las necesidades de las personas con discapacidad cognitiva.
El uso «imprescindible» de pictogramas
En este sentido, ha resaltado que el CERMI considera “imprescindible” señalar que, aunque el uso de pictogramas de apoyo a la comunicación, como señalización, pueda visibilizar o sensibilizar sobre los recursos de apoyo que algunas personas necesitan para comunicarse y desenvolverse de manera independiente en la comunidad, y puedan favorecer su participación en determinadas ocasiones, “no puede considerarse un recurso de accesibilidad universal”.
“Su funcionalidad está contrastada como elementos de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pero no como recursos que faciliten la comprensión y usabilidad de los entornos, bienes y servicios por parte de todas las personas”, ha agregado.
Además, el nuevo delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Gregorio Saravia, ha hecho referencia al Plan de formación en los territorios sobre el despliegue adecuado y el cumplimiento efectivo de la Reforma Civil y Procesal. Así, ha indicado que desde su delegación están desarrollando los contenidos del convenio suscrito junto con la Fundación Aequitas y Fundación ONCE para llevar a cabo acciones formativas que tienen que ver con el impacto de la reforma del derecho civil.
Gracias a este convenio, ha continuado, han realizado seminarios y han elaborado también un material en forma de publicación con una serie de preguntas básicas sobre los principales aspectos que supone la reforma.
