El Comité de Entidades Representantes de las Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI Andalucía) y la Junta de Andalucía se han unido en una nueva propuesta. En este caso, luchan contra el nuevo anteproyecto de ley de incentivos a la contratación laboral que quiere aprobar el Gobierno. Y es que este va en contra de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Además, han alertado de que 20.000 empleos de personas con discapacidad están en riesgo con la reforma de incentivos a la contratación laboral que plantea el Gobierno de España.
El movimiento asociativo de la discapacidad en Andalucía, que representa a más de 700.000 personas, coincide con el Gobierno andaluz en rechazar la reforma que hace peligrar estos puestos de trabajo. Y es que estos son fundamentales para la inclusión, independencia y bienestar de este colectivo. Y es que esta seria una piedra más para las personas con discapacidad, que sigue encontrando serias dificultades para su inserción laboral.
Representantes de CERMI Andalucía se han reunido con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y con la Secretaria General de Inclusión Social, Ana Vanessa García, para abordar la situación actual de los centros especiales de empleo que gestionan estas entidades y el futuro laboral de las personas con discapacidad en Andalucía.
Rechazo al nuevo anteproyecto de ley de incentivos a la contratación laboral
Las representantes del gobierno andaluz y el CERMI andaluz ha coincidido en rechazar la reforma planteada por el Gobierno sobre los incentivos a la contratación por el negativo impacto en el empleo de estas personas, ya que “socava los fundamentos del empleo protegido de los Centros Especiales de Empleo, toda vez que elimina las bonificaciones a la contratación de estos centros y, además, «ingiere en las competencias que tenemos las comunidades exclusivas en subvenciones y políticas activas de empleo», ha apuntado la consejera de Empleo, Rocío Blanco.
Por su parte, la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, ha advertido de que la decisión del Gobierno de España supondrá «un auténtico drama para las personas con discapacidad y sus familias». Al mismo tiempo ha subrayado que «contarán siempre» con el apoyo de la Junta de Andalucía.
Esta reforma ha sido recogida en un Anteproyecto de Ley elaborado por el Ejecutivo central. Además, supone una disminución drástica de los recursos destinados al empleo de las personas con discapacidad.
Por otro lado, contempla la equiparación de las bonificaciones del empleo protegido al ordinario. De esta manera rompe el sistema establecido actualmente y que está vigente desde hace años. Esto no tiene ninguna justificación objetiva y ni se han valorado las nefastas consecuencias que esta medida puede conllevar, advierten desde CERMI Andalucía.
Un problema para las personas con discapacidad
Por todo ello, exigen la retirada de esta iniciativa por las consecuencias devastadoras para el empleo de las personas con discapacidad en Andalucía. Y es que va a provocar pérdidas de empleo. Además, va a minorar la contratación de personas con discapacidad, poniendo en riesgo la viabilidad del empleo protegido necesario para estas personas. De esta manera se va a dar oportunidades laborales a personas que sin esta vía quedarían excluidas del mercado laboral y verían cerrada una puerta clave para su inclusión.
En este encuentro estuvieron presentes también:
- Aurora Lazo, directora general de Incentivos para el Empleo y Competitividad Empresarial
- Marta Castillo, presidenta de CERMI Andalucía
- Sara Rodríguez, vicepresidenta y presidenta también de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Andalucía
La Junta ha mostrado su respaldo a estas reivindicaciones planteadas por el movimiento de la discapacidad de Andalucía, coincidiendo en los nefastos efectos que la norma estatal va a provocar en este colectivo.
