El personal de los centros que atienden a las personas con discapacidad en Andalucía vive actualmente una «grave» situación. Por tal motivo, han realizado una concentración de protesta por tales motivos pidiendo a la Junta de Andalucía una mejor financiación.
Y es que a día de hoy atraviesan una deficitaria financiación. Esto pone en riesgo el futuro de estos centros de discapacidad ante la imposibilidad de sostener sus gastos de funcionamiento.
Más de un millar de profesionales que conforman las plantillas de los cerca de 600 centros de discapacidad andaluces participaron en esta protesta. El acto se llevo a cabo a las puertas de dichos centros para reclamar al Gobierno andaluz una mejora de la financiación. Y es que consideran de «insuficiente» la subida del 2,6% del coste-plaza acordada para este año.
Las entidades que gestionan estos centros consideran que este incremento “no cubre ni de lejos” los gastos que soportan. Por ello, señalan que les condena al cierre ante la imposibilidad de poder mantener la prestación de estos servicios fundamentales para las personas con discapacidad.
En estos centros trabajan 1.400 personas, en su mayoría mujeres y profesionales especialistas en el tratamiento de estas personas. Además, los centros atienden a más de 12.500 personas con discapacidad y sus servicios benefician a más de 30.000 familias en Andalucía.
El riesgo de tener que cerrar
La situación que viven estos centros es límite y corren el riesgo de tener que cerrar ante la imposibilidad de poder mantener unos servicios y tratamientos esenciales que solo se prestan a través de las entidades que gestionan estos centros, asumiendo así esta labor en lugar de la Administración.
Con la actual situación consideran que es imposible sostener un servicio de calidad y dignificar a los profesionales que prestan estos servicios para mantener así un sector vital para el bienestar de las personas con discapacidad.
Por ello, el movimiento asociativo de la discapacidad en Andalucía exige a la Junta, en la negociación que mantiene abierta con sus representantes, un compromiso urgente y con perspectiva para cerrar un acuerdo que garantice la sostenibilidad financiera y la supervivencia de estos centros a medio y largo plazo.
Las entidades de la discapacidad denuncian que la deficitaria situación actual se arrastra ya desde hace una década, a la que se ha sumado el impacto durísimo de la pandemia, que ha supuesto un esfuerzo económico suplementario a las entidades para sufragar los gastos extraordinarios provocados por la crisis del Covid-19.
A todo ello se añade también la desorbitada subida de los suministros como la electricidad y el gas en los últimos meses, con aumentos de hasta el 40%, o el incremento del salario de los profesionales que trabajan en estos centros por los convenios en los últimos años, con un nuevo aumento a primeros de año que tendrán que afrontar sin recursos para ello.
