El Gobierno ha emplazado a acordar en el marco del diálogo social el incremento del SMI en 2020, anunciando hace unos días que crearía una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo, compuesta por expertos, sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI.
Como esta entidad ya manifestó el pasado año en el histórico aumento en el SMI del 22,3%, son positivas todas aquellas medidas en favor de los trabajadores y sus derechos laborales. Sin embargo, no puede olvidarse que estas medidas deben realizarse de forma progresiva y de forma sostenible, sin olvidar el impacto que las mismas tienen en uno de los colectivos más vulnerables del mercado como son las personas con discapacidad, un colectivo que está caracterizado por una baja participación en el mercado de trabajo y por las discriminaciones debido a que esta parte de la ciudadanía sufre tasas de pobreza más elevadas que la media en España, percibiendo un salario inferior al de las personas sin discapacidad.
Por ello, es fundamental que el Ministerio de Trabajo emplace a entidades como el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia a participar en la Comisión Asesora para poder elaborar una estrategia de Diálogo Social que respete los derechos e intereses de las personas con discapacidad. Cabe recordar que el CEDDD tiene como socios a importantes entes como la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), entidad más antigua y representativa de los CEE de iniciativa privada, así como varios sindicatos representantes de los trabajadores con discapacidad como la Unión Sindical Obrera (USO) y la Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo (UTCEE). Una representatividad de carácter transversal e inclusivo de todos los agentes involucrados en el empleo para la discapacidad que hacen que esta organización y sus entidades merezcan ser escuchadas en la Mesa de Diálogo Social del Gobierno.
Y así lo ha ido demostrando en sus diferentes reclamos sobre el empleo como, por ejemplo, las discriminaciones sobre los trabajadores con discapacidad de Centros Especiales de Empleo, discriminados salarialmente -como resultado del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad; y cuyos puestos de trabajo están también en serio peligro ante las restricciones impuestas a la operativa de esas entidades excluyendo a la mayoría de CEE de los contratos reservados de la contratación pública. Esto podría abocar al cierre a muchos de esos Centros y la pérdida de más de 40.000 puestos de trabajo.
Desde el sector de la discapacidad siempre se ha acogido muy positivamente el incremento del SMI; al ser sus entidades generadoras de empleo para este colectivo es importante contar con su opinión experta en la Comisión Asesora, así como acompañar al aumento del SMI medidas que incrementen el apoyo a todos los centros especiales de empleo que generan puestos de trabajo para personas con discapacidad.
