El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) considera de vital importancia la formación de un Gobierno cuanto antes para poder afrontar las demandas y los retos que afectan a los asociados que representa; colectivos de personas con discapacidad o dependencia que, por otra parte, requieren especial atención por su especial situación de vulnerabilidad. Alarmados también por la amenaza de una repetición electoral, el CEDDD pone de manifiesto la imposibilidad de nuestros representantes políticos de trabajar por un consenso que prime los intereses de la ciudadanía y deje en un segundo lugar por las siglas del partido.
Entre estas tareas pendientes, y sobre todo en un país con más de 9.000.000 de personas mayores, cabe destacar la reforma del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, o la completa equiparación del IVA en todos los servicios y residencias para las personas con algún grado de dependencia. Caso similar ocurre con los cerca de 4.200.000 de personas con discapacidad, para las que es necesaria realizar ciertas transformaciones y reformas para aumentar la creación de empleo o incluso para evitar su pérdida como así está sucediendo en los Centros Especiales de Empleo con la última Ley de Contratos del Sector Público.
Así pues, la estabilidad política es fundamental para los colectivos de personas con discapacidad y dependencia. Además, sin duda alguna tener un gobierno estable otorga certidumbre y eso favorece la economía y la confianza en nuestras instituciones, que ahora están tan cuestionadas.
Como plataforma de representación de entidades y usuarios con alguna discapacidad o en situación de dependencia exigimos que se cumpla el deber democrático de formar gobierno con seriedad, generosidad y altura de miras. Hay que entender que las entidades como CEDDD y muchas otras, representantes de la discapacidad y la dependencia, necesitan la formación de un nuevo Gobierno para poder continuar con su imprescindible labor. Y así hacer posible la colaboración entre entidades y Administraciones Públicas como una prueba más de madurez democrática y justicia social; todo ello con la misión de hacer realidad la inclusión en la sociedad de estos colectivos.
