Desde Plena Inclusión definen la capacidad jurídica es la capacidad de tener derechos y obligaciones y ejercer estos derechos. Ejercer un derecho es tener acceso a él y poder disfrutarlo; y nadie puede quitarte este derecho porque tengas discapacidad. Sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad se habla en la Guía Jurídica Rápida ‘Más de 100 preguntas sobre la discapacidad’, un documentado que ha sido creado por Fundación AEquitas y Fundación La Caixa para dar respuesta a todas esas preguntas.
Otros de los organismos que han participado en la elaboración del documento, apareciendo como colabores, son el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, también conocido como CERMI; y la Fundación ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles).
Desde las propias fundaciones resaltan que el objetivo este trabajo es que se utilice como un instrumento útil en nuestra sociedad a la hora de favorecer a los derechos y principios de las personas con discapacidad.
¿Qué es la capacidad jurídica?
Los expertos definen la capacidad jurídica como la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, así como de poder ejercerlos. La persona con discapacidad tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a actuar por sí sola para llevarlas a cabo. Toda persona, por el hecho de serlo, tiene capacidad jurídica y la tendrá siempre hasta su muerte.
Por ejemplo, una persona con discapacidad tiene derechos como poder votar o tener una cuenta en el banco; así mismo, tiene obligaciones como cuidar de tus hijas y tus hijos; o bien tener su propia casa, pagarla y firmar el contrato con tu nombre. Nadie puede quitarte este derecho porque tengas discapacidad.
La capacidad jurídica, ¿puede modificarse o suprimirse?
No, nunca, porque es inherente a la condición de la persona humana. Nadie, por razón de discapacidad, puede privar a una persona de sus derechos fundamentales; ni de su derecho a tomar sus propias decisiones personales, patrimoniales o políticas, como, por ejemplo:
- Elegir dónde vivir
- Tener una cuenta en el banco
- Celebrar un contrato de trabajo
- Ser padre o madre
- Comprar un coche
- Votar cuando se convocan elecciones, etc.
Si una persona mayor de edad necesita ayuda para tomar decisiones y realizar los actos que derivan de ellas cuenta con distintos tipos de medidas de apoyo.
Dado que la capacidad jurídica no puede limitarse o eliminarse, no puede hablarse de personas incapaces, incapacitadas ni de personas con capacidad judicialmente modificada, pero sí de personas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.
En caso de que la persona precise de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica, ¿debe tener, necesariamente, un certificado administrativo que reconozca un grado de discapacidad o de dependencia?
No, el certificado de la Administración autonómica correspondiente en el que se reconozca un determinado grado de discapacidad o dependencia da derecho a obtener determinadas prestaciones sociales, laborales, económicas o tributarias, pero no es requerido en caso de que la persona precise de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.
El ámbito del certificado administrativo de discapacidad o dependencia y el de la provisión de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica son completamente diferentes. Por lo tanto, pueden coincidir en una misma persona o no.
