El CERMI ha informado de que Canarias y Extremadura son dos de los territorios que acumulan mayor retraso para obtener la valoración del grado de discapacidad. Concretamente, un periodo de 2 años. Es decir, 24 meses o 730 días en obtener el resultado de la valoración del grado de discapacidad. Según señalan los expertos, las causas principales son la escasez de personal, seguida de un procedimiento lento y difícil.
Le siguen en este listado Andalucía y Castilla-La Mancha, con un total de 18 meses, que son 548 días en total.
Esto es uno de los datos que se extraen del informe CERMI ESPACIO DIGITAL. Territorios conectados elaborado a partir de información obtenida por los CERMIS Autonómicos en el que se analiza el tiempo medio para obtener la valoración del grado de discapacidad, desde que se solicita, en Comunidades y Ciudades autónomas.
2 años en realizar la valoración del grado de discapacidad
El informe examina el tiempo máximo en meses para emitir resolución en 2023. El plazo máximo oscila entre los 2 años de Canarias y Extremadura y los 18 meses de Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias, los cinco territorios que acaparan mayor tardanza.
En particular, y diferenciando los datos por provincias/ciudades, el informe revela que las ciudades que mayor dilatación en el tiempo presentan a la hora de conseguir el grado de discapacidad son:
- Badajoz
- Cádiz
- Granada
- Albacete
- Toledo
- Avilés
Asimismo, el informe incluye una tabla que ordena de mayor a menor las Comunidades y Ciudades autónomas atendiendo al tiempo máximo para obtener la resolución del grado de discapacidad y también recoge la formación política que gobierna en cada territorio.
Finalmente, se muestra un mapa que refleja cómo el 94,74 % de los territorios tiene como causa principal de esta demora la escasez de personal y el 78,95 % se debe a la existencia de procedimientos lentos y complejos. Según este informe, la insuficiencia de centros no es una causa tan determinante en el retraso en la valoración, siendo esta del 36,84 %.
El CERMI Estatal remitirá este informe al Defensor del Pueblo con la petición de que investigue estas dilaciones, que causan un enorme perjuicio a las personas con discapacidad y a sus familias, ya que la valoración de la discapacidad es la puerta de acceso al sistema de apoyos y prestaciones de las Administraciones Públicas que se reciben por razón de discapacidad en España.
