La Ley de Dependencia es la normativa que recoge todo lo relativo a las personas que se encuentran en situación de dependencia, que buscan promocionar su autonomía personal. Dentro de los servicios que se ofrece a estas personas, encontramos el de teleasistencia, el de atención residencial cuando el centro de día sea de terapia ocupacional y el servicio de ayuda a domicilio o, en su defecto, la prestación económica vinculada a este servicio, en los casos en que se determine y con carácter complementario.
Esta normativa recoge todo lo relativo a la «atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía».
Ahora, el Defensor del Pueblo ha elaborado su Informe Anual correspondiente a 2023, donde recoge varias modificaciones que espera llevar a cabo en busca de un «nuevo modelo de atención residencial».
En busca de un «nuevo modelo de atención residencial»
El Defensor del Pueblo confía en que «el cambio hacia un nuevo modelo de atención residencial, mucho más centrado en las personas, su autonomía personal y sus derechos fundamentales, pueda llevarse a efecto en los años venideros».
En el documento de cerca de 400 páginas, la institución recuerda que, en 2023, inició una actividad complementaria de supervisión directa del funcionamiento de los centros residenciales, para «comprobar las condiciones» en que se atiende a los mayores, «respetando al máximo su autonomía personal y eliminando todas aquellas prácticas que puedan derivar en restricciones de los derechos fundamentales o en un indeseable proceso de institucionalización».
En el primer año, el Defensor del Pueblo examinó cinco centros para personas mayores y dependientes, de titularidad pública (autonómica, diputaciones provinciales, local), en las provincias de Segovia, Ávila y Valladolid. Castilla y León es la comunidad con mayor número de centros y plazas para mayores en relación con su población. Además, se solicitó una información inicial a las comunidades de Cantabria y Galicia.
De esta manera confirmaba que esta institución va a seguir con esta supervisión directa y, a partir de las quejas que recibe, los cambios normativos y de organización que vayan adoptando las diferentes Administraciones sociales que hagan realidad ese nuevo paradigma», ha subrayado.
Según ha apuntado la institución que lidera Ángel Gabilondo, «un punto de partida para contrastar cómo se producen esos cambios en el modelo residencial» son los criterios comunes sobre acreditación de centros residenciales acordados en 2022 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Al respecto, el Defensor del Pueblo ha señalado que aquel acuerdo no fue adoptado por unanimidad y que algunas comunidades le trasladaron que, al haber votado en contra, no se consideraban vinculadas a esos criterios comunes. «Pero al mismo tiempo, pusieron de relieve que los centros en su comunidad autónoma incluso mejoraban algunas de las previsiones que contiene el acuerdo. Tampoco señalaban una disconformidad de fondo con los criterios consensuados».
Finalmente, el Defensor del Pueblo entiende que las líneas generales que contiene ese acuerdo son «válidas como guía para verificar las mejoras y los avances que se producen en cuestiones destacadas por esta institución en los últimos años, como son: la efectiva coordinación con el sistema sanitario; el incremento y mejora de la actividad inspectora; el fomento de la participación en los centros; o el control sobre todas las situaciones de restricción de derechos fundamentales».
