Desde 2018 lleva sobre la mesa la idea de cambiar el término disminuido de la Constitución. Y será en enero de 2024 cuando el término disminuido desaparecerá de nuestra carta magna, siendo sustituido por ‘persona con discapacidad‘. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Será por la vía rápida y sin referéndum como se cambiará este artículo de la constitución. Una reforma constitucional de este tipo exige un respaldo mínimo de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados y 159 senadores). Por ello, se hace imprescindible la presencia de los dos grandes partidos.
Según ha explicado Feijóo en rueda de prensa, su propuesta es que antes de fin de año el PSOE y el PP presenten conjuntamente como proposición de ley el texto que pactaron hace meses. Todo ello con las garantías de que no se aceptarán enmiendas ajenas ni modificaciones que no cuenten con el apoyo de los dos grandes partidos.
También requiere el compromiso del PSOE de que sus socios de Sumar no apoyarán la realización de un referéndum constitucional para ratificar la reforma. Y es que se podría organizar con la firma de 35 diputados y la posición de los de Yolanda Díaz sería determinante si alguien lo propusiera.
En cuanto a los plazos, ha propuesto aprobar la reforma constitucional por el procedimiento de urgencia y de lectura única de manera que se pueda aprobar en un Pleno monográfico del Congreso, a ser posible en enero.
«Y a todo esto su respuesta ha sido sí», ha señalado Feijóo en rueda de prensa, dando por cerrado el acuerdo. Por su parte, Pilar Alegría, ha asegurado que «nos alegramos de que esta demanda, una reforma de justicia, pueda convertirse muy pronto en una realidad».
VARIOS AÑOS DE NEGOCIACIÓN
Esta reforma constitucional fue impulsada por el Consejo de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018. Por aquel entonces, contó con el apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno socialista Carmen Calvo. Ella acordó por unanimidad en el Congreso sustituir este artículo por uno nuevo. El texto está «más acorde con la nueva era».
Actualmente, el artículo 49 de la Constitución Política dice lo siguiente: “Las autoridades públicas seguirán una política de atención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y mental, brindándoles la atención especializada que requieran y las protegerán. disfrutar de los derechos que este título confiere a todos los ciudadanos.»
El objeto es modificar la redacción de “las personas con discapacidad gozarán de los derechos y obligaciones establecidos en este título en condiciones de libertad y genuina igualdad efectiva, sin discriminación”.
Además, intenta afirmar que «Las autoridades públicas implementarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencia y se adoptarán en colaboración con las personas con discapacidad». Personas con Discapacidad Participan en nombre de la organización de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley. Se abordarán específicamente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. »
La idea incluye un tercer punto, a saber, que «se regulará una protección especial a las personas con discapacidad para que puedan ejercer plenamente sus derechos y obligaciones». A esto hay que sumarle que «las personas con discapacidad disfruten de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España: afirman sus derechos».
VARIAS OPORTUNIDADES PERDIDAS
El trabajo de redacción contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios que integraban la Asamblea Nacional en el momento de la comisión. Sin embargo, las convocatorias a las elecciones de 2019 impidieron que saliera adelante.
En la sesión legislativa posterior, el proyecto de ley fue reintroducido, y el Partido Popular y el PSOE cerraron discretamente un editorial hace unos meses, pero sin el ambiente ni el tiempo para implementarlo.
El problema del PP anteriormente era que no tenían ninguna garantía de que la reforma constitucional se limite al artículo 49. Entonces, se pensaba que existia riesgo de que ciertos grupos fuercen un referéndum constitucional no desaparecerá.
