El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado ya el convenio que facilitará el voto a personas con dificultades cognitivas. Lo ha hecho este lunes 27 de diciembre, donde se publica lo pactado entre el Ministerio del Interior y la Confederación Plena Inclusión para facilitar el acceso a voto a las personas con discapacidad cognitiva.
El objetivo de esta medida es permitir el acceso al sufragio a unas 100.000 personas con discapacidad intelectual que se incorporaron al censo electoral en 2019.
El acuerdo se materializó el pasado 2 de diciembre. Todo ello con la firma del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Confederación Plena Inclusión, Santiago López.
El convenio prevé, entre otras medidas que recoge el BOE, la elaboración de información en formato de lectura fácil. Todo ello con el objetivo de promover el voto de personas con discapacidad intelectual y su participación como miembros de las mesas.
El material elaborado estará disponible para su difusión a través de las páginas web y de las campañas de la Administración Pública sobre los procesos electorales. Interior y Plena Inclusión estudiarán, además, la posibilidad de implantar en los colegios electorales una cartelería de fácil comprensión.
Un acuerdo que suma en accesibilidad
El acuerdo que recoge el BOE impulsará también la formación en materia de accesibilidad y de discapacidad intelectual a las personas que integran las mesas electorales y a los representantes de la Administración; así como la publicación de una versión del Manual de Mesa en lectura fácil.
Además, se constituirá una comisión de seguimiento. Esta estará formada por técnicos de ambas partes.
Estas personas se encargarán de evaluar la eficacia de las medidas implantadas y la mejora de los procedimientos durante los próximos años.
Esta medida tiene como objetivo facilitar la incorporación al sufragio de unas 100.000 personas que se incorporaron al censo electoral en 2019. Todo ello después de que en 2018 se eliminara la privación del derecho de sufragio a las personas con discapacidad intelectual, en virtud de sentencia judicial firme, como contemplaba hasta entonces la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
