Según se ha acordado por unanimidad en el pleno del Senado, el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas que se deriven de las mismas deberán ser accesibles y comprensibles para las personas con discapacidad. Para ello, se ha aprobado una enmienda transaccional a la proposición que modifica la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad para poder establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.
Dicha enmienda, apoyada por todos los grupos, especifica que la ley de accesibilidad universal debe contemplarse en el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas de éstas.
Garantizar la accesibilidad universal, según se especifica en la norma en vigor, se debe cumplir en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos. Deben ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma que sea más natural posible.
La proposición tiene como objetivo modificar la Ley General de Discapacidad
A pesar de que la norma que existe en la actualidad ya establece la accesibilidad universal que debe darse en las relaciones con las administraciones públicas, desde el Senado han querido señalar de forma específica dentro de esas relaciones el acceso a las ayudas públicas y en sus resoluciones.
La proposición aprobada por la Cámara Alta tiene por objeto modificar la Ley General de Discapacidad para incluir la accesibilidad cognitiva que, entre otras medidas, implantará la lectura fácil en textos de interés general, como prospectos de medicamentos, documentos administrativos o judiciales.
Esta ley fomentará la implantación de pictogramas y la adaptación de todos los textos de interés general a lectura fácil en zonas rurales y urbanas, además de en otros ámbitos como, por ejemplo, en «productos y servicios, espacios públicos, transportes, normativas de edificación, administraciones públicas, patrimonio cultural y procesos de participación pública».
La modificación al Congreso
La norma remitida por el Congreso ha incorporado más modificaciones técnicas y definiciones a su paso por el Senado, así que deberá ser devuelta a la Cámara Baja para poder tener la aprobación definitiva.
La iniciativa original para modificar esta Ley General de Discapacidad, fue impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y registrada por Ciudadanos en el Senado, que se inició el trámite parlamentario. Tras la primera fase de tramitación fue enviada el Congreso, en donde fue modificada y aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios.
