Las personas mayores o con discapacidad que se encuentran en situación de dependencia deben de tener en cuenta que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención, conocida como Ley de Dependencia, incluye una serie de prestaciones dirigidas a este colectivo.
Y es que «la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía».
¿Qué es la ley de dependencia?
Dicha Ley de la Dependencia tiene por objeto «regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia».
La Ley de Dependencia define a esta como «el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal».
Prestaciones económicas de la Ley de Dependencia
Si hablamos de las prestaciones económicas que prevé la Ley de Dependencia se establecen en función de la capacidad económica de la persona con dependencia, por lo que no se trata de una cantidad concreta, sino que va a depender del tipo que sea y de la persona con dependencia a la que vaya destinada.
A continuación vamos a ofrecer cuales son algunas de las ayudas económicas de la Ley de Dependencia. La prestación económica vinculada al servicio es una de ellas, que se da cuando no sea posible el acceso al servicio público (centros de día, centros de noche, asistencia en clínicas públicas, etc.) y se necesite de uno privado (lejanía de estos centros, asistencia en el hogar permanente, falta de plazas en centros públicos, etc). Su objetivo es contribuir a la financiación del coste de dicho servicio proporcionado por entidades privadas y debidamente acreditadas. La persona destinataria de esta prestación económica deberá cumplir con los requisitos específicos previstos para el acceso al servicio de atención al que se vincula la misma y debe ocupar o tener plaza reservada en el centro, debidamente acreditado, en su caso.
Otro tipo de prestación asociada a la Ley de Dependencia es la ayuda para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Esta ayuda se reconoce, con carácter excepcional, con el fin de contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada, cuando una persona en situación de dependencia está siendo atendida por alguna persona de su entorno familiar o afectivo y lleva haciéndolo de forma continuada en el tiempo. Además, han de reunirse determinados requisitos de acceso a la prestación, que afectan a la vivienda y a la persona cuidadora.
Finalmente, vemos las ayudas destinadas a la contratación de personal cuidador profesional. Esta ayuda se contemplan para contar con un número de horas concretas de asistencia personal, siempre y cuando este cuidador profesional esté dado de alta en la Seguridad Social.
