La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y su Movimiento Asociativo denuncian el incremento constante de la exclusión y pobreza de las personas con discapacidad. Un aumento que viene dado tras la pandemia de Covid-19 que comenzó a principios de 2020.
Desde COCEMFE hacen este alegato con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora este domingo 17 de octubre. Además, piden todas las medidas necesarias para erradicar estas situaciones en las que se encuentran una tercera parte de todas las personas con discapacidad del país.
Las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad. Según datos del año 2020 recogidos por EAPN España, el 33,8% de las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza y/o exclusión.
Esto representa la cifra más elevada de la última década, con un incremento interanual superior al 1% y casi 11 puntos porcentuales más que la que soporta la población sin discapacidad (23%).
«Los datos demuestran el severo impacto que la crisis sanitaria, económica y social del Covid-19 está teniendo sobre las personas con discapacidad», señala el presidente de COCEMFE, Anxo Queirgua.
Además, resalta que las personas con discapacidad «estamos viviendo un retroceso en el acceso al empleo, a la educación y a los servicios sociosanitarios». Destaca también que sufren «con mayor virulencia las dificultades a las que se está enfrentando la ciudadanía en general». Dos claros ejemplos son el pago del recibo de la luz o encontrar una vivienda digna que se puedan permitir.
Dificultades para las personas con discapacidad
Entre las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad encontramos:
- Escasez de viviendas accesibles (tanto en venta como en alquiler).
- Incremento del coste de los alquileres.
- Sobrecoste que implican las tecnologías de apoyo y sistemas domóticos.
Como consecuencia, de los 2,5 millones de personas con movilidad reducida que hay en España, el 74% necesita ayuda para poder salir de su vivienda por falta de accesibilidad en su edificio,. Este dato demoledor representa a más de 1,8 millones de personas. De ellas, más de 100.000 personas viven permanentemente encerradas en su vivienda por carecer de esta ayuda.
Por otro lado, el incremento de la factura de la luz también tiene una mayor incidencia sobre este grupo social. Esto se debe a que muchas personas con discapacidad física y orgánica necesitan realizar un consumo eléctrico constante para el correcto seguimiento de su tratamiento o el uso de tecnologías y recursos para la vida independiente.
Es el caso de los sistemas domóticos, grúas de elevación o traslado, dispositivos de hemodiálisis; máquinas de oxígeno, bombas de perfusión, tratamientos intravenosos, nebulizadores; climatizadores o incluso para cargar las baterías de las sillas de ruedas.
Difícil acceso a sus derechos
Además, este grupo social encuentra dificultades para el acceso a sus derechos. El 37% de las personas con discapacidad física y orgánica vieron vulnerados sus derechos en 2020. A esto hay que sumarle que muchas personas se siguen quedando fuera del sistema oficial de apoyos. Esto se debe a que el nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad todavía no se está aplicando.
Todo ello a pesar de representar la puerta de acceso al sistema de derechos y beneficios establecidos en España que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad.
De igual modo, las medidas adoptadas para apoyar a los sectores más vulnerables no se están gestionando con la efectividad y agilidad que sería deseable. Un claro ejemplo es la denegación del Ingreso Mínimo Vital a más del 60% de los hogares en donde viven personas con discapacidad que lo han solicitado.
Esto se debe a que muchas de sus circunstancias sanitarias, sociales y económicas no están reconocidas expresamente en los criterios de acceso.
Las personas con discapacidad, «el primer grupo social en notar los efectos de las crisis»
“La experiencia demuestra que las personas con discapacidad siempre somos el primer grupo social en notar los efectos de las crisis y el último en notar los efectos de la recuperación”, señala el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, quien hace un “llamamiento al Gobierno y a todas las administraciones del país para que adopten medidas transversales y permanentes que garanticen la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y que estén consensuadas con las organizaciones que las representan”.
En este sentido, COCEMFE y su Movimiento Asociativo defienden la puesta en marcha de medidas urgentes dirigidas a avanzar en la incorporación al mercado de trabajo, el aseguramiento de la obtención de ingresos, la adecuada prestación de los servicios sociales y sanitarios, la educación inclusiva y de calidad con todos los recursos y apoyos necesarios, así como el acceso a todos los servicios en igualdad de condiciones con especial incidencia en la accesibilidad universal y la autonomía personal y en aquellas personas de este grupo social en las que confluyen diferentes factores de discriminación interseccional, como ocurre con las mujeres con discapacidad o quienes viven en el medio rural.
Todas las acciones de COCEMFE y su Movimiento Asociativo están dirigidas a incidir de forma transversal en todos los factores relacionados con las situaciones de exclusión y pobreza a las que se enfrentan las personas con discapacidad física y orgánica.
Además, se pretende que las personas con discapacidad cuenten con unos recursos suficientes y de toda índole para tener una vida independiente. Por ello, la labor que desarrollan COCEMFE y sus entidades está alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030; en concreto el ODS 1 “Fin de la pobreza”.
