Rocío de Meer, diputada de Vox en Almería y portavoz en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, ha denunciado en el Congreso las desigualdades manifiestas que se ven expuestas las personas con discapacidad dependiendo de en qué Comunidad Autónoma residan.

Según la diputada, existen injusticias e inequidades en cuanto a una cuestión vital para muchas personas, como es el reconocimiento del grado de discapacidad. «Es incomprensible que los grados de discapacidad varíen en función de la Comunidad Autónoma en que se solicite la valoración, o que la dilación de los trámites sea sustancialmente distinta», denuncia De Meer.

«Una ignominia fruto del estado de las Autonomías que afecta a las personas más vulnerables», denuncia De Meer, que se hace eco de la petición de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), que urge al Ministerio de Sanidad a combatir las desigualdades.

Es por ello, que Vox pretende iniciar una investigación para contrastar las desigualdades reales en función de cada Comunidad Autónoma. Asimismo, quiere conocer si varían el coste de las valoraciones en función de la Comunidad en que se realice o el plazo de validez del propio grado.

La diputada ha preguntado al Gobierno qué propone para armonizar dichos grados de discapacidad con valoraciones manifiestamente similares o si se va abrir la posibilidad de revisión para aquellos que comparativamente tengan concedido un grado inferior al que les corresponde en comparación con otras autonomías.

«¿Tiene intención el Gobierno central, a la luz del fracaso autonómico, de asumir la competencia de valoración de grados de discapacidad?», preguntaba finalmente Vox, con la intención de que las valoraciones sean una competencia estatal.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha abonado en los siete primeros meses del año (de enero a julio) un total de 264 millones de euros correspondientes a las liquidaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia, lo que supone 71,3 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

La consejera Rocío Ruiz ha destacado que en el mes de julio se han abonado 38,6 millones a ayuntamientos y diputaciones provinciales, una cuantía que supone 3,4 millones más que en el mismo mes del año anterior. La Consejería, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), ha agilizado la tramitación de los pagos.

En Andalucía, la organización del Servicio de Ayuda a Domicilio es competencia de las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que pueden gestionarlo de forma directa o indirecta.

En la actualidad, un total de 80.727 personas en situación de dependencia en Andalucía reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, lo que representa más del 32% del total nacional.

Sobre la Ayuda a Domicilio

La Ayuda a Domicilio es una prestación garantizada en la Ley de Atención a la Dependencia que, junto a los centros de día y la teleasistencia, es uno de los principales instrumentos para garantizar la calidad asistencial en el entorno de la persona en situación de dependencia.

«Todas estas prestaciones de proximidad suponen un apoyo para las personas dependientes y para quienes ejercen sus cuidados, que son mujeres en su mayoría», ha subrayado la consejera.

Por último, Ruiz ha resaltado «el rigor en la gestión y el compromiso del Gobierno de Andalucía con las personas en situación de dependencia frente a los años de parálisis del Ejecutivo anterior».