En un esfuerzo por garantizar el bienestar de sus ciudadanos con discapacidad, el Gobierno de España ofrece una pensión especial gestionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Sin embargo, no todos los ciudadanos con discapacidad son automáticamente elegibles para esta ayuda.
La pensión no contributiva por invalidez es una prestación que busca asegurar una compensación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios a aquellos que no han cotizado lo suficiente o no han cotizado en absoluto a la Seguridad Social. A diferencia de otras pensiones, no es necesario haber cotizado previamente para acceder a esta ayuda.
Solicitar pensión del IMSERSO
Para ser considerado, el solicitante debe tener un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%. Esta es la cifra clave que determina la elegibilidad para una pensión de este tipo. Además, es esencial que el solicitante tenga entre 18 y 64 años en el momento de presentar la solicitud y debe haber residido legalmente en España durante al menos 10 años entre los 16 años de edad y el momento actual.
En cuanto a los aspectos económicos, en 2023, se requiere que los ingresos del solicitante sean inferiores a 6.784,54 euros anuales, sin contar los ingresos de la propia pensión.
La cuantía de la pensión no contributiva de invalidez ha visto un aumento significativo del 15% en 2023, estableciéndose en 6.784,54 euros anuales. Esto se traduce en pagos mensuales de 484,61 euros, distribuidos en 14 pagas al año.
Complemento del 50%
Aquellos beneficiarios con un grado de discapacidad igual o superior al 75% y que requieran la asistencia de otra persona para las actividades diarias esenciales recibirán un complemento del 50% sobre los 6.784,54 € anuales. Esto eleva el monto anual a 10.176,81 euros, distribuidos en 14 pagas de 726,92 euros cada una.
El IMSERSO enfatiza que la cantidad exacta que recibirá cada beneficiario dependerá de su situación económica individual y del número de beneficiarios que cohabiten en el mismo domicilio.
Con estas medidas, España continúa esforzándose por garantizar que sus ciudadanos con discapacidad reciban el apoyo necesario para llevar una vida digna y plena.
