El Senado ha aprobado este miércoles 12 de mayo la ley que elimina la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esta decisión ha sido aplaudida por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), Plena Inclusión y CERMI. Estas entidades señalan que «acerca a España al cumplimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos» de este colectivo.
Estas ONG. han asistido al debate de la norma en la Cámara alta. Además, han asegurado que con esta iniciativa se está pagando la deuda histórica que la sociedad tiene con las personas que actualmente están incapacitadas judicialmente. Y es que a las personas con discapacidad «se les ha negado el derecho a decidir sobre sus propias vidas».
«Desde la organización entendemos como una discriminación que limita su estatus de ciudadanas de pleno derecho», ha indicado el presidente de AEFT, Ignacio Recondo.
Para su homólogo de Plena inclusión, Santiago López, esta ley consigue que las entidades y el país se enfrenten a retos «que suponen una transformación profunda del sistema de apoyo y garantías para la presencia, participación e influencia de todas las personas en la sociedad». «Esperamos estar todos a la altura de esta oportunidad histórica», ha añadido.
AEFT ha recogido además, en una nota de prensa, los testimonios de dos personas que van a ver su vida cambiada tras la puesta en marcha de esta iniciativa.
Dos testimonios de capacidad
Santiago Izquierdo, portavoz con discapacidad de la AEFT, explica que hace años le incapacitaron totalmente a través de una sentencia que considera «injusta» porque, ha explicado, él no necesita «tantos apoyos».
«Mi sentencia es injusta, al igual que era injusto que no me dejasen votar, porque siempre tuve claro a quién quería votar, menos mal que ahora ya podemos hacerlo», ha declarado, para señalar que espera que esta reforma aprobada en el Senado permita revisar su situación y que le pongan los apoyos que necesita. «Ni más ni menos», ha apuntado.
También María Pino, mujer apoyada por la misma entidad, ha celebrado el hecho de que esta norma le vaya a permitir «ser protagonista» de su propia vida. Pino, explica la ONG, se adelantó a la ley porque recurrió su sentencia y, en este sentido, ha animado a otras personas con discapacidad a imitarla.
«Que luchen, que si yo lo logré, ellos también lo pueden lograr», ha declarado, para defender la existencia de «sentencias ajustadas» como un «derecho» del colectivo. «Antes tenía que venir (la Fundación) a firmar un documento, pero ahora ya lo firmo yo, aunque venga aquí y ellos me asesoren si lo tengo que firmar o no», ha señalado.
Un «hito democrático»
Desde las familias, Mar Sánchez, que tiene una hermana con discapacidad intelectual tutelada, cree que con la reforma los cambios serán más visibles en la sociedad que en el propio entorno del colectivo. A su juicio, «de cara al exterior, a la sociedad, las personas van a sentirse más importantes». Todo ello «porque van a ser más». Además, ha pedido a las administraciones los recursos suficientes para aportar los apoyos que necesiten estas personas y sus familias.
Mientras, para CERMI esta aprobación es un «hito democrático». Esta ley supondrá un cambio «real y efectivo» en la vida de las personas con discapacidad y sus familias que ahora «tienen ciertos derechos restringidos» y que «actúan con supervisión en las relaciones sociales».
