Pedro Sánchez anuncio el pasado lunes 29 de mayo, un día después de las elecciones municipales y autonómicas en algunas CCAA, que va a ver una nueva convocatoria de elecciones generales anunciada, así como la consecuente disolución de las Cortes. Este nuevo anuncio vuelve a paralizar la reforma del artículo 49 de la Constitución. Esta medida tiene el objetivo de eliminar el término ‘disminuido‘ de la Carta Magna.
Esto no es la primera vez que ocurre, ya que pasó lo mismo en 2019, cuando también se celebraron las elecciones generales. Esta medida lleva más de 5 años en la palestra política. Y parece que de momento va a seguir sin que se tome una decisión definitiva. Fue en 2018 cuando el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) lanzó esta iniciativa. Esta medida contó con el apoyo de la vicepresidenta Carmen Calvo, que llevo esta reforma al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto «más acorde a los nuevos tiempos».
Pero la realidad fue bien distinta, y aunque la mayoría de partidos defendían llevar a cabo esta reforma para defender los derechos de las personas con discapacidad, no se llegó a un acuerdo definitivo para reformar la Constitución.
¿Qué dice el artículo 49 de la Constitución?
Si nos adentramos en la Carta Magna de España, vemos que en el artículo 49 se recoge lo siguiente. «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».
Como es obvio, el término uso del término ‘disminuido‘ en este contexto ha sido criticado siempre por el colectivo de la discapacidad. Y es que es un término peyorativo para referirse a ellos. De tal manera, el nuevo texto debería de incluir que «las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación».
Además, señala que «los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad».
También recoge que «se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes» y que «las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos».
Las elecciones de 2019 paralizaron el cambio
La Comisión de todos los grupos parlamentarios de por aquel entonces dieron luz verde a esta redacción. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales para 2019 impidió que su tramitación continuara. Desde entonces, con la pandemia del Covid-19 entre medio, el CERMI ha insistido con este tema al Gobierno.
Sin embargo, no se retomó en la Cámara baja hasta 2021, cuando fue aprobada su toma en consideración en la Cámara Baja. Sin embargo, el Partido Popular (PP) que antes era partidario al cambio, se negaba. De esta manera se unía a Vox, que consideraban que esta medida tenía detrás otros cambios constitucionales por parte de los partidos independentistas y nacionalistas. De hecho, Vox más allá y solo quiere limitar el cambio en sustituir la palabra ‘disminuido’ por ‘personas con discapacidad’.
Por eso, Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia de España, ha convocado varias reuniones entre PP y los socios del Gobierno. La idea es que se comprometan a limitar esta reforma constitucional al artículo 49.