Una trabajadora con más de 10 años de antigüedad ha sido despedida de una empresa por presuntos malos tratos y abuso de autoridad. Esto no supone ningún problema en el ámbito legal, ya que se contempla en la normativa. Ahora bien, existen varios elementos que complican la situación: si la empleada estaba embarazada y si había solicitado una reducción de jornada por cuidado de hijos.
Los despidos están a la orden del día en las empresas, aunque en ocasiones la cosa se complica si existen elementos concretos. En este caso concreto, resuelto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, la afectada solicitó como prueba la declaración de su jefa directa, quien conocía tanto su embarazo como las instrucciones que la Dirección le había dado.
Anulación de despido por no admitir testigos clave
Además de la declaración de su jefa directa, la mujer que había sido despedida también pidió la declaración de otros testigos. Así como la incorporación del expediente completo del protocolo interno de acoso laboral.
Sin embargo, el juzgado de primera instancia denegó todas esas pruebas sin motivación suficiente. Esto ha provocado una contundente respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha anulado la sentencia y ordenado repetir el juicio.
En España, es legal anular un despido si el tribunal deniega pruebas relevantes para la defensa, especialmente si están directamente relacionadas con hechos controvertidos como la posible discriminación por embarazo.
En una sentencia reciente, el Tribunal Superior admite que negar sin justificación la práctica de una prueba clave vulnera el derecho de defensa, amparado en el artículo 24 de la Constitución Española.
Sentencia reciente del TSJ de Madrid ante un despido
En este caso, impedir la declaración de una superior directa conocedora del embarazo y del contexto de trabajo fue una decisión inaceptable. La Constitución Española contempla el derecho de proponer y practicar pruebas pertinentes para demostrar los hechos alegados.
Por otro lado, la Sala recuerda que cuando hay indicios de discriminación por razón de embarazo o maternidad, el juzgado no puede cerrar la puerta a que la trabajadora intente probar esos indicios. De lo contrario, se estaría obstaculizando una tutela judicial efectiva.
La consecuencia jurídica ha sido clara: nulidad de actuaciones. El juicio se volverá a repetir desde el principio, dando la oportunidad a la defensa de presentar las pruebas que desee para justificar su situación.
La resolución definitiva dependerá del nuevo juicio, que deberá celebrarse con todas las garantías legales. Así, queda claro que negar testigos relevantes puede anular un juicio entero.
