La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en sede parlamentaria de que el presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2021 contempla una partida de 61 millones de euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio. Esto «permitirá su incremento del precio-hora, tras 10 años congelado». Todo ello «con el objetivo de mejorar la calidad de la atención y las condiciones laborales de las trabajadoras de la dependencia«.
Por otra parte, Ruiz ha anunciado que; «desde este Gobierno se está trabajando, en colaboración con las entidades locales; en la elaboración de un nuevo proyecto de Orden de regulación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía». El objetivo de ese proyecto es «mejorar su gestión, adecuando procedimientos y contenidos a las necesidades actuales». Siempre para «garantizar la prestación del servicio como derecho subjetivo a pesar de la situación provocada por la crisis del Covid-19″.
«Asimismo, la nueva norma incluirá cláusulas sociales en la contratación del servicio con el fin de garantizar los derechos y deberes de las profesionales». Por su parte, en el marco de la Estrategia Ética en Servicios Sociales de Andalucía; donde «se promoverá, junto a las organizaciones y colegios profesionales, la elaboración de un código de ética profesional«.
Además del servicio derivado de la Ley de la Dependencia, el Servicio de Ayuda a Domicilio se presta en el marco del Plan Concertado como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios para la población que no está siendo atendida por el sistema de la dependencia por carecer de grado y nivel o no ha recibido aún la prestación del servicio y se encuentra en situación de necesidad del mismo.
Novedades de la inversión social
Entre sus novedades, establece el proyecto de intervención social como procedimiento para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad; elimina la valoración de la situación económica en el baremo para el acceso de este servicio no vinculado a la Ley de Dependencia, que sí será tenido en cuenta para fijar su aportación al coste del servicio, e introduce la figura del personal de coordinación tanto en la entidad local como en la empresa prestadora.
El Servicio de Ayuda a Domicilio, como recurso del sistema de la dependencia, está organizado por las entidades locales mediante la contratación de empleadas públicas o de empresas prestadoras. Para ello, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha transferido, en lo que va de año 2020, a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales la cantidad de 338,8 millones de euros, lo que supone 51 millones más que en el mismo periodo de 2018.
Asimismo, se trata de uno de los servicios de mayor alcance. De hecho, a 30 de septiembre de 2020, 93.113 personas en situación de dependencia en Andalucía son atendidas en sus domicilios a través de este recurso. Esto supone el 31% del total de prestaciones en la comunidad, lo que la convierte en el servicio más demandado.
Según la consejera, esta Orden persigue «establecer un régimen jurídico común de este servicio, tanto como prestación del Servicio Público de Servicios Sociales como de la Ley de la Dependencia de 2006, unificando las condiciones».
