Salta la alarma en el Gobierno ante el aumento que se ha producido en el último año del número de delitos de odio contra las personas con discapacidad. En este sentido, el Gobierno ha indicado que está «plenamente comprometido» con los derechos de las personas con discapacidad y ha destacado que le «alarma» el aumento de los delitos de odio contra estas.
Según ha recogido Europa Press, en función a lo manifestado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados al ser preguntado por el Partido Popular por el aumento de un 113% de los delitos de odio contra las personas con discapacidad con respecto a 2022, como así se recoge en el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2023.
Aumenta en un 113% los delitos de odio contra las personas con discapacidad en el último año
En concreto, los hechos conocidos en el año 2023 como delitos de odio contra personas con discapacidad fueron un total de 49, esto es, 26 más que en el año 2022 y 21 más que en el año 2021. Asimismo, los delitos de odio contra personas con discapacidad representaron el 2,16% del total de los delitos de odio registrados en 2023.
El Gobierno indica que, en la lucha contra los delitos de odio, pese a que se han producido «importantes avances» en materia de no discriminación y respeto a la diversidad, el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia, las actitudes que los provocan «siguen presentes aún» hoy en la sociedad, «adoptando múltiples formas que van desde las más solapadas y sutiles hasta las más graves, como los delitos de odio».
En este contexto, el Ejecutivo ha resaltado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023 está continuamente inmerso en la aprobación de numerosas medidas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
En relación con los delitos de odio, la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 contiene, como medida principal, la promoción de campañas y actuaciones de toma de conciencia contra los delitos de odio por motivo de discapacidad, con especial atención a los grupos más vulnerables, como son las personas menores de edad.
Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se encuentra en «comunicación constante» con la Fiscalía General del Estado, trabajando para la erradicación de los delitos de odio dirigidos contra las personas con discapacidad
