Desde la Federación Española de Municipios y Pueblos (FEMP) han querido dar importancia al término de accesibilidad universal, que es un derecho constitucional y una herramienta para mejorar la vida en los pueblos.
Además, desde que se produjo la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, se sentaron las bases de esta accesibilidad universal, ya que en el 2 punto de dicho artículo se recoge: «Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».
La importancia de la accesibilidad universal
La sede de la FEMP acogió el seminario ‘La accesibilidad universal: aliada para fijar población en la España rural’, donde se ha hablado de que el objetivo de incorporar el principio de accesibilidad universal en las políticas públicas de los gobiernos locales.
Luis Antonio Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP ha asegurado que «existe la idea equivocada de que la accesibilidad es cosa de ciudades, pero un millón de personas con discapacidad viven en el medio rural». En este sentido, ha centrado su discurso en la accesibilidad y el entorno rural, ya que la accesibilidad universal debe ser una tarea compartida por todos los municipios, sin importar su tamaño. «Hoy conoceremos buenas prácticas de pueblos pequeños. Queremos demostrar que la accesibilidad está al alcance de todos si hay compromiso político y apoyo técnico», asegura.
Finalmente ha señalado que la accesibilidad universal no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que mejora la vida de toda la población. «La accesibilidad es un valor que mejora el bienestar general en el medio rural», sentencia.
«La accesibilidad debe otorgar certezas»
Por su parte, Jesús Martín Blanco, director del Real Patronato sobre Discapacidad, ha defendido la accesibilidad como llave democrática para acceder a derechos y a la vida cotidiana, a la vez que pide rigor al usar los términos “accesible” e “inclusivo”. “La accesibilidad debe otorgar certezas a quienes viven con vulnerabilidad”, ha afirmado.
Ana de los Ángeles Marín, directora general de Políticas contra la Despoblación, ha destacado el papel de los centros de innovación territorial como espacios clave para dinamizar comarcas despobladas y canalizar proyectos de accesibilidad y ha recordado que desde la Secretaría General de Reto Demográfico se financian anualmente iniciativas en municipios de menos de 5.000 habitantes, priorizando aquellas ligadas a la discapacidad, la economía de los cuidados y la vida independiente.
Finalmente, José Mayor Oreja, director general de la Fundación ACS, también ha defendido la accesibilidad como un derecho recogido en la Constitución y una obligación social hacia las personas con discapacidad en el medio rural.
