Una nueva ayuda para parados. Es en lo que están trabajando Gobierno, sindicatos y empresarios en los últimos tiempos. Esta prestación contributiva afectaría a unos 550.000 desempleados y consistiría en una ayuda de 430 euros mensuales a cobrar durante un trimestre.
Con esta aportación se pretende ayudar a las personas que acabaron el subsidio entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre. Por otro lado, se pretende mejorar en la forma en que se calcula la prestación de afectados por ERTE que trabajan a tiempo parcial. En este caso, la cifra de beneficiarios llega a 150.000.
Este nuevo “escudo social” del que hablaba el Gobierno en las primeras semanas de la pandemia adolecía de una carencia para los parados de larga duración.
Los afectados por ERTE cobran una ayuda extraordinaria que no resta derechos del seguro de desempleo que han ido acumulando. Los sindicatos llevaron este argumento a las mesas de negociación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) pero no tuvo eco hasta que se trató la última prórroga.
En el decreto que los prolongó hasta el 30 de septiembre, el Ministerio de Trabajo se veía obligado en “la mayor brevedad posible” a reunirse con los sindicatos. Todo ello para buscar “posibles soluciones al consumo durante el estado de alarma de las prestaciones y subsidios por desempleo de personas no afectadas por ERTE”.
En busca de una solución
El mismo punto habla de “tratar las cuestiones relacionadas con la prestación por desempleo reconocida durante los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la covid-19 a las personas con varios contratos a tiempo parcial”. Así, en las últimas semanas —en paralelo a las conversaciones suspendidas en agosto para regular el teletrabajo y dos reglamentos sobre igualdad salarial— se han negociado esas “soluciones”.
“Está casi todo. Solo estamos a la espera de recibir la redacción para ver cómo se concreta lo que hemos hablado”, resume un negociador. Hasta que no llegue el texto —algo que se está retrasando sobre los plazos comprometidos inicialmente— nadie dará el acuerdo por cerrado definitivamente.
El pacto que se ha perfilado consta de dos patas, siguiendo la disposición del decreto de junio. La primera consiste en la creación de un subsidio extraordinario de 430 euros durante tres meses para aquellos parados que hayan agotado su prestación o la ayuda asistencial entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre. A diferencia de lo que sucede con otros subsidios, este no precisará de una prueba que acredite que no se llega a un mínimo de renta, ya que esto no será un requisito.
Fuentes sindicales apuntan que los beneficiarios potenciales serían unos 550.000 trabajadores. Eso según los datos estimados que se han manejado a lo largo de las conversaciones. Mientras que el coste total sería de unos 710 millones.
