El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde a la tramitación por parte del Congreso de la ley del Gobierno de ayuda a pacientes con ELA y otras enfermedades neurodegenerativas. Esta propuesta, lanzada por el PSOE y Sumar, es la tercera ley destinada a los pacientes con ELA, después de la del PP y Junts.
El objetivo de esta propuesta, según apuntan desde el PSOE pasa por «responder y atender las necesidades perentorias de todas las personas con enfermedades neurodegenerativas como la ELA, y también el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis múltiple, entre otras; pacientes vulnerables que requieren de una respuesta integral, coordinada y eficiente». Así o ha afirmado Maribel García López, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista y diputada por Badajoz. Por su parte, desde el PP, Sandra Fernández, ha criticado que la propuesta «lo único que han hecho es retrasar y entorpecer la tramitación de esta norma».
La nueva Ley de la ELA que aprueba el gobierno
Según recoge el portal Infosalus, el texto de la iniciativa informa de que se trata de enfermedades crónicas que en su progresión producen una situación de dependencia y una necesidad de cuidados permanentes, con gran repercusión en los ámbitos social, familiar y laboral. Además, pueden llegar a generar un alto gasto económico por la atención social y sanitaria que requieren y porque, además, algunas como la ELA, evolucionan de forma muy rápida.
De esta manera, queda claro que desde el Gobierno se apuesta por una simplificación de los tiempos y trámites para la acreditación de la situación de discapacidad, así como en las revisiones del grado de dependencia. Es decir, se busca facilitar los trámites relativos a la acreditación de la discapacidad, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y las personas pensionistas de clases pasivas –las que perciban una pensión por el fallecimiento de un familiar– que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
A todo esto hay que sumarle que se considerará también, a todos los efectos, que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas que tengan reconocida la situación de dependencia en cualquiera de sus grados.
La novedad: ayudas a la electrodependencia
Dentro de las novedades que incluye esta ley, se establecen ayudas a las personas con electrodependencia, que son aquellas que dependen de una máquina conectada a la red eléctrica para preservar su salud.
También se incluye una mejora la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, reconociendo a las comunidades autónomas la función de establecer los procedimientos de coordinación necesarios para que estas personas reciban una atención multidisciplinar, continuada y «lo más individualizada posible», en el marco de su propia normativa.
Además, hay que sumarle la creación de residencias especializadas para enfermos de ELA. Así, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, se elevará una propuesta al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para incluir la creación de estos centros.
