El empleo es un motivo de inclusión para las personas con discapacidad. Por tal motivo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), así como todo el movimiento de la discapacidad trabaja con el objetivo claro de lograr la regulación del acceso al empleo de este colectivo.
Ahora, el CERMI ha solicitado a la Secretaría de Estado de Función Pública que promueva una nueva regulación reglamentaria del acceso al empleo público de las personas con discapacidad, que actualice el marco normativo vigente, que data de hace veinte años, y que presenta claros desfases e insuficiencias. Así lo ha manifestado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, a la Secretaría de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena, en una reunión de trabajo celebrada en la sede ministerial.
Una reforma integral del acceso al empleo público para personas con discapacidad
A juicio del CERMI, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, ha sido globalmente positivo, pues ha permitido pasar de una situación de incumplimiento sistemático de la reserva de puestos de trabajo a una de cumplimiento creciente.
No obstante, precisa una reforma integral que desarrolle los relevantes avances legislativos producidos desde 2004 (creación de una subcuota específica del 2 por 100 para personas con discapacidad intelectual, la elevación del 7 al 10 por 100 del cupo o a creación de unidades de apoyo a empleados públicos con discapacidad en todos los ministerios en materia de empleo público de personas con discapacidad, etc.) y resuelva numerosas disfunciones operativas que se dan en los procesos selectivos en los que participan estas personas.
Por parte del CERMI, han asistido también a esta reunión el Secretario General, Alberto Durán y la asesora de empleo público de la entidad, Isabel Martínez.
