La Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales ha criticado el «ensañamiento» del Gobierno con «los más vulnerables» tras conocer la decisión de excluir al sector del reparto del fondo social y después de haber anunciado 1.000 millones de euros de financiación.
En un comunicado, el colectivo ha interpretado la decisión anunciada por el presidente Pedro Sánchez tras su reunión con los presidentes autonómicos como «el abandono del cuarto pilar del bienestar que son los servicios sociales» y que atienden a «seis millones de personas que serán diez a finales de año».
En este sentido ha recordado que el Gobierno ha comprometido, sin embargo, una inversión de 9.000 millones para sanidad, 2.000 millones para educación y 3.000 para el ingreso mínimo vital.
Por ello, el colectivo ha denunciado la situación de un sistema de servicios sociales «disperso y maltratado por los recortes al que no acaba de llegar el apoyo estatal en prestaciones y servicios que eviten los riesgos de exclusión e incluso la quiebra de la cohesión social».
Asimismo, ha lamentado que «una vez más los gobernantes en este sector hacen caso omiso de los profesionales e investigadores del sistema, relegando el imprescindible apoyo financiero, además de no mostrar ningún interés por disminuir y mejorar los procedimientos a los que se les somete para hacer llegar el apoyo a los más vulnerables».
Procedimientos que, según aseguran, «son complejos y que eternizan las soluciones a las situaciones de emergencia social, ahora aumentadas y agravadas por la situación que se está viviendo».
El colectivo ha adviertido, no obstante, que la situación «es una bomba de relojería que, de no desactivarse, estallará en un futuro próximo y que pondrá en la encrucijada a una sociedad cada vez con más desigualdad y mayor sufrimiento».
«Una inversión imprescindible»
Los directores de Servicios Sociales han recordado a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, que los servicios sociales son «una inversión imprescindible para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables, que necesitan el apoyo financiero del Estado porque las comunidades autónomas no pueden más y los ayuntamientos han sobrepasado con creces sus obligaciones».
Por ello, consideran que de no atender este sector el Gobierno será responsable de «contribuir al sufrimiento y desatención de todas las personas del limbo de la dependencia, de la situación de los diez millones de personas que se encuentran en el precipicio de la exclusión social, de las 400.000 personas mayores en residencias, de otras 43.000 personas con discapacidad en centros residenciales, de las 100.000 más en centros de día, las 450.000 con el servicio de ayuda a domicilio, de las 40.000 personas sin hogar, del millón de personas mayores que viven solas y de los más de 5.000 niños que sufren violencia en sus hogares».
Ante este situación, los directores y gerentes de Servicios Sociales confían en que «los gobernantes autonómicos destinen las cantidades que hubiesen correspondido de haber mantenido el crédito anunciado y eliminado», y que «el vicepresidente de derechos sociales tenga más autoridad e influencia que la demostrada hasta ahora para defender el cuarto pilar del bienestar del que es competente».
Según la información aportada, de haberse mantenido el crédito de los servicios sociales que anunció el Gobierno durante el mes pasado y que han eliminado, Andalucía habría recibido 172 millones de euros, Cataluña 151, Madrid 129, Comunidad Valenciana 100, Castilla y León 58, Galicia, 56, Castilla La Mancha 48 y Canarias 47.
Asimismo, País Vasco percibiría 44 millones, Aragón 33, Murcia 31, Extremadura 26, Asturias 22, Baleares, 24, La Rioja y Navarra 15 millones, Cantabria 13, y Ceuta y Melilla 5 millones cada una.
