La valoración del grado de dependencia es un trámite costoso en España. El limbo de la dependencia es una realidad, y es que hay personas que se llevan más de un año esperando para comenzar a recibir la ayuda, una vez que se le ha sido aprobada con anterioridad.
Por todo ello, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la modificación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Discapacidad para establecer un procedimiento de urgencia para la valoración del grado de dependencia, ahora no regulado.
Ante las demoras administrativas por falta de recursos en los procedimientos de valoración del grado de dependencia y la necesidad de dar respuesta lo más inmediata posible a situaciones que requieren atención rápida, el CERMI propone que se prevea un procedimiento de urgencia, que acerque la concesión de grado a la solicitud de la persona en situación de dependencia.
Un procedimiento de urgencia para aprobar la dependencia
En este procedimiento de urgencia, deberían entrar situaciones derivadas de causas o motivos humanitarios; de compromiso significativo de la esperanza de vida por la discapacidad o enfermedad que origina de dependencia; menores de seis años; mujeres que sufren violencia y otras análogas en las que se aprecie justa causa.
En todos estos casos, estas personas tendrían preferencia a la hora de ser valoradas, acelerando los procedimientos de solicitud, a fin de obtener la resolución de grado en el menor tiempo y así acceder a las prestaciones y servicios a que tengan derecho.
La regulación de una vía de urgencia ya se tuvo en cuenta en la valoración del grado de discapacidad y así aparece en el nuevo baremo establecido en el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por lo que se trataría de extender este cauce acelerado al ámbito de la autonomía personal y la dependencia.
‘Limbo’ de la dependencia
Atendiendo a los datos facilitados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, actualmente existen más de 1,5 millones de personas reconocidas con dependencia en España. A esto hay que sumarle los 45.360 fallecidos al año sin atención y 310.429 desatendidos.
Si hablamos del total de desatendidos, el reparto es de la siguiente manera a diciembre de 2023:
- 162.411 personas en el «limbo» de la dependencia
- 124.326 expedientes pendientes de valoración
- 23.692 personas que necesitan un Plan de Atención (PIA)
Como ya hemos adelantado, más de 45.360 personas fallecen cada año en las listas de espera de la dependencia. La repartición es la siguiente:
- 19.661 están pendientes de resolución de grado
- 25.699 están sin haber podido ejercer sus derechos
Esto, según apunta, supone que 124 personas fallecen al día en las listas de espera de la dependencia. Lo que supone una cada 12 minutos. Además, explica que el tiempo medio de tramitación de un expediente de la dependencia es de 323 días, aunque en cuatro comunidades agrega que se superan el año, como es el caso de Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia.
El informe presentado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha incluido el porcentaje de personas atendidas en sus domicilios que no cuentan con Teleasistencia (60%). Todo ello «a pesar de que el Plan de Choque marcó el objetivo de establecer este servicio como un derecho subjetivo del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio».
