En Málaga lo consiguieron y la menor acabó abandonando el centro. En Pontevedra el niño sigue acudiendo a las clases
Las dos familias afectadas se sienten ignoradas por la administración y en Andalucía el caso ha llegado a los tribunales por desamparo
«Nuestra hija está desarrollando patologías como consecuencia de este proceso», explica una de las madres de los menores con necesidades especiales
Dos casos muy similares aunque sin relación entre sí han sacudido recientemente sendos colegios de Málaga y Pontevedra. Varias familias de estos centros han puesto a sus hijos en huelga -no iban al colegio- para forzar el traslado fuera de sus centros de otros dos menores que, según estos padres, entorpecían las clases e incluso llegaban a poner a sus vástagos en peligro. Los niños señalados tienen 9 y 8 años y ambos tienen necesidades educativas especiales.
Los dos casos se han saldado de manera diferente. El de Málaga, que empezó el pasado mes de marzo, ha acabado con la menor en cuestión fuera del centro como fruto de estas presiones. La familia habla de «un infierno» vivido y relata que la niña, con trastorno del espectro del autismo, «está desarrollando patologías como consecuencia de este proceso». Un tribunal de Málaga está investigando si hay responsabilidades que depurar en este caso.
En Pontevedra, los padres que realizaron la huelga en octubre han dado marcha atrás y el niño continúa escolarizado en el colegio. Pero nadie le va a quitar ya la experiencia de haber acudido durante dos días a un aula semivacía (no todas las familias hicieron huelga) por su causa, relata el padre.
«Hay que pararlo»
La escolarización y permanencia de los niños con necesidades educativas especiales (NEE) en centros ordinarios con apoyos o en Centros de Educación Especial depende al final de un informe técnico de los servicios de orientación de la Administración educativa, explica Carme Fernández, directora de la Fundació Gerard, una organización pro educación inclusiva que trabaja con la familia de Pontevedra. Y, según Fernández, que ha visto varios casos similares, «muchas veces el informe técnico está teledirigido porque hay intereses en llenar los centros de educación especial. Yo he visto muchos informes y la mayoría no se ajusta a la realidad, son tendenciosos, tienen la idea premeditada de trasladar al menor del centro y ajustan los contenidos a eso», denuncia.
Fernández recuerda que en un tratado de la ONU recoge la educación inclusiva como un derecho del ser humano. «Pero España está contradiciendo esta convención y derivando a muchos alumnos a centros de educación especial», alerta. Según la Fundació Gerard, que ha seguido varios casos por toda la geografía española, el problema es que sacar a estos chicos —con necesidades educativas especiales— de las escuelas ordinarias «es la forma más cómoda de librarse de un alumno que representa un reto para la escuela». «El problema no es el alumno sino abordaje de esta educación. Hay herramientas al alcance de los docentes, pero ni saben ni quieren saber», asegura.
Esto es más o menos lo que denuncia el padre del menor de Pontevedra. Juan (nombre supuesto) explica que su hijo ha sido clínicamente evaluado y «lo único que encontraron es que tiene problemas de atención inmediata». Sucede que a veces pierde los nervios y, admite Juan, como es más grande en alguna ocasión ha pegado a algún niño. A veces como defensa cuando se han metido con él, a veces no. «Problemas de niños», los define sin embargo.
Pero problemas de niños que trascendieron el ámbito infantil y, al final del pasado curso, en el colegio explicaron a Juan que quizá debería solicitar una plaza en un colegio de atención especial en Vigo. «Era en prevención por si el niño iba a peor, por si había mucha lista de espera, y con la condición de que la decisión la tomaría yo», explica. Entre tanto pusieron una cuidadora exclusiva para su hijo. «Iba bastante bien», asegura.
Hasta que un día se enteró de que los padres de los compañeros de su hijo estaban recogiendo firmas para que el traslado se hiciera efectivo y pusieron —la mayoría, pero no todos— a sus hijos en huelga durante dos días para forzar al centro a tomar esta decisión. También se reunieron con el inspector de educación a espaldas de Juan, según su versión. El caso acabó saltando a la prensa y los padres en huelga rebajaron su postura. El pequeño ha vuelto a las clases. Su padre quiere que se quede en el centro porque «ha mejorado mucho». La consellería de Educación ha explicado a este diario que «trabaja en pro de la inclusión del alumnado». O sea, que se quede. Caso abierto.
«No era por mi hija»
En Málaga el caso ha tenido una resolución peor. El 18 de marzo la niña, con autismo, volvió del colegio, cuenta su madre, y explicó que había pasado el día sola. Sus padres se enteraron más tarde de que todos los padres de los compañeros de su hija habían decidido hacer una huelga por las, según ellos, «actitudes violentas de la niña». Nadie, ni los padres ni el colegio, les avisó. «Las situaciones que se provocaban en el aula no eran por mi hija, no es una acosadora, es que no tenía suficiente profesorado para atenderla, ni suficientemente formado», explica la madre. Pero la realidad es los chicos estuvieron tres días sin ir a clase para forzar el traslado. «Nos tuvimos que ir, era un pueblo pequeño y todo el mundo sabía quiénes éramos. Fue estigmatizante y horroroso», recuerda la madre.
El incidente dejó tocada a la pequeña. «El psiquiatra nos dijo que no podíamos volver a ese colegio porque la niña, aún con discapacidad, es consciente de lo que está pasando y no podía asumirlo», explica la madre. Desde entonces la pequeña está sin escolarizar. Las plazas que la Junta le propuso no ofrecen garantías suficientes a la familia porque, explican, no tienen recursos para atenderla. Han optado por dejar a la pequeña en casa con atención domiciliaria. Pero para la Junta esta situación es ilegal y ha denunciado a la menor por absentismo. Pero el caso tiene más recorrido judicial: el juzgado de instrucción 3 de Málaga tiene abiertas diligencias de investigación para aclarar las responsabilidades penales que puedan tener algunas personas respecto de lo ocurrido.
La madre se siente desamparada. Cuenta que llevaba desde 2010 alertando de la situación desatendida de su hija pero no ha sido escuchada. Y al final la situación ha explotado. De aquellos barros estos lodos. «Con la ley en la mano mi hija no tiene derechos», explica la madre. De momento la pequeña sigue en casa, donde «está bien». Pero la situación dista de ser definitiva.
Fuente: Eldiario.es
