Grupo SIFU ha criticado la situación de «incertidumbre y vacío legal» a la hora de gestionar la tramitación de los ERTE para las personas con discapacidad, según ha informado la corporación empresarial.
La pademia del coronavirus cuenta con efectos «colaterales profundos» en la economía, en el mercado laboral y en el modelo de relación humana. Ante esto, Grupo SIFU ha reclamado al Gobierno y Administraciones Públicas «máxima celeridad». Todo ello para garantizar el acceso a la atención sanitaria y proteger la salud de todos sus ciudadanos, pero en especial de las personas con discapacidad.
El departamento Personas de Grupo SIFU, dirigido por Juan García Caja, se ha enfrentado a un escenario «incierto y muy cambiante». En él, «ha sido imposible planificar nada para, primero, continuar velando por la salud y el bienestar de los trabajadores y, segundo, implementar una serie de medidas orientadas a garantizar la continuidad del negocio y de los puestos de trabajo a futuro».
Para la corporación, las empresas «se han visto abocadas a iniciar el arduo camino de la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo a ciegas, teniendo que encarar una situación difícil que, además, mostraba un gran vacío legal y telemático por parte de las Administraciones Públicas».
«Esta circunstancia nos ha impedido transmitir mensajes claros y concisos a nuestros empleados, que es lo que en estos momentos de crisis nos hubiera gustado hacer. Con mayor transparencia, rigor y empatía hacia todos nuestros trabajadores», ha señalado García Caja.
