La Plataforma del Tercer Sector y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han pedido unidad al Gobierno para aprobar la renta mínima vital y que sea «estable» y «permanente en el tiempo».
«Cuanto más entendimiento haya mucho mejor, esa es nuestra postura», ha señalado a Europa Press el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, quien ha apostado por «aunar en un esfuerzo único» para que esta medida «sea permanente en el tiempo».
Sobre las posibles discrepancias entre el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, a la hora de implementar esta norma, Poyato ha destacado que «estarán llegando a un entendimiento» y que hay «efectos mediáticos de ciertas contradicciones».
«Creo que pueden conciliar y estarán en eso estas dos posturas. Cuando Iglesias nos propuso una renta puente dijimos: ‘Cuidado, no vaya a ser que sea para esta pandemia y luego nos quedemos sin nada'», ha apuntado.
«Medida ejemplar y realmente solidaria»
Asimismo, Poyato ha añadido que sería una «medida ejemplar y realmente solidaria» si sale de la Seguridad Social y va a parar a un millón de hogares, «como dice Escrivá».
Aunque entiende que hay una «complejidad» a la hora de articular esta medida legislativamente, ha recordado que en otros países europeos «se ha dado este paso y se ha demostrado que funciona». «Desarrollar una vida digna tiene que ser un imperativo ético y jurídico», ha sentenciado.
En su opinión, esta renta mínima tiene que ser «estable» para poder «eliminar la pobreza severa, reducir la pobreza infantil y poder colaborar una vivienda digna» y se debe basar en «cruzar los datos del INE y Eurostat».
En la misma línea, Poyato ha apostado por que sea de carácter estatal porque, a su juicio, a cualquier persona en situación de pobreza «le tiene que llegar esta renta independientemente de la comunidad autónoma en la que viva», aunque ha matizado que «este tipo de ayudas no significa que quiten otras».
La «fractura» en el Gobierno no favorece
Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo, ha subrayado a Europa Press que la aprobación de una renta básica para todo el Estado «es una cuestión de país, no una cuestión ideológica, algo casi de civilización», por lo que ha indicado que «cualquier discrepancia o fractura» dentro del Gobierno «no favorece la adopción rápida, sensata, ordenada y jurídicamente viable» de esta nueva medida.
Por ello, ha pedido que «se supere la discrepancia» en el seno del Gobierno y que «se trabaje desde ya» con el resto de fuerzas políticas y con la sociedad civil. «No es una medida de un Gobierno, sino una medida estructural llamada a permanecer», ha dicho.
En este sentido, Cayo ha pedido que la adopción de esta nueva medida forme parte de la agenda «de todas las fuerzas políticas» y que «no parezca que se imponga hacia un lado o hacia otro» para que cuando ganen las elecciones otros partidos «no puedan derogarla o replantearla».
«Tiene que ser un resultado de un gran consenso de país porque lo necesitan las capas de población en una situación más precaria», ha manifestado el presidente del CERMI, al tiempo que ha animado a «superar las diferencias» y a «recabar más apoyos para que sea una expresión de un consenso básico de la nación».
Una renta «con visión inclusiva»
Igualmente, ha mostrado su preocupación por «cómo van a compatibilizarse» las rentas previas de las comunidades autónomas con la nueva renta mínima», porque, en sus palabras, «no va a ser fácil legislar sobre algo que ya está en parte legislado».
«Nos inquieta muchísimo el 0,7 del IRPF Social y que se genere una operación absolutamente lamentable y denunciable de que las comunidades autónomas se retraen. Como hay dinero del Estado, pongo menos recursos, eso nos parece injustificable y denunciable», ha criticado.
El CERMI, según ha añadido Cayo, es partidario de una renta mínima «con visión inclusiva» hacia las personas con discapacidad y sus familias, «que son más pobres y tienen menos capacidad de renta».
En concreto, ha precisado que son «casi un 33% más pobres» que la media de ciudadanía sin discapacidad. «Esta realidad queremos que esté presenten en la regulación de esta renta básica», ha sentenciado el presidente de la institución.
Diálogo «real y efectivo» de las CC.AA
Por otro lado, el Comité de Coordinación Territorial de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), formado por las diez mesas y plataformas territoriales (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Extremadura, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Comunidad Valenciana), ha reclamado a los gobiernos autonómicos diálogo «real y efectivo» para afrontar la crisis social que está produciendo el Covid-19 en cada región de España y atajar así los problemas reales de la ciudadanía.
En este contexto, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector ha incidido en la necesidad de crear grupos operativos de enlace con los diferentes ejecutivos a nivel regional para poder gestionar, de una manera «efectiva y productiva», las consecuencias sociales de la pandemia.
