Plena Inclusión advierte al Gobierno de la «situación de desamparo» en la que se encuentran unas 17.000 personas con discapacidad intelectual en más de 1.000 dispositivos residenciales (residencias y pisos tutelados) de todo el país.
La organización también recuerda el riesgo de abandono en el que se hallan miles de familias condicionadas por la cuarentena del coronavirus, que atienden en sus domicilios, sin prácticamente medios, a un gran número de personas con discapacidad intelectual, TEA o parálisis cerebral.
La confederación, que agrupa a 935 asociaciones de toda España, hace esta «llamada de auxilio» al Gobierno ante la falta de material médico y de protección, la saturación de los servicios y el aumento de nuevos casos confirmados de Covid-19 en lugares donde el personal que los atiende asume una «enorme sobrecarga de trabajo».
«Reclamamos al Gobierno y a las comunidades autónomas, urgentes suministros EPI (Equipos de protección Individual: mascarillas, guantes, etc.), el refuerzo del personal sanitario y que entiendan que en este momento crítico las personas con discapacidad intelectual son población especialmente vulnerable», ha denunciado el presidente de Plena Inclusión España, Santiago López.
El desabastecimiento, un grave problema para las personas con discapacidad
La organización advierte de que «el progresivo deterioro de las condiciones en estos espacios residenciales pone en serio riesgo cientos de vidas humanas». «Desde nuestras residencias nos llegan informaciones alarmantes sobre el desabastecimiento de productos básicos de prevención del contagio –indica López–. Los servicios están superados en su capacidad de reacción».
También añade que el personal, aunque «demuestra cada día una entrega generosa que va mucho más allá de lo exigible», se ve obligado a doblar turnos y empieza a verse superado por una situación que excede cualquier previsión.
Por ello, las asociaciones de Plena Inclusión están desarrollando servicios de apoyo a distancia para poder, en la medida de sus posibilidades, paliar la situación de confinamiento y las necesidades básicas de las familias con mayores dificultades.
Según la organización, se estima que en España hay más de 63.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que presentan necesidades de apoyo complejas, ya sea por la presencia de otras discapacidades como por problemas de conducta o trastornos de la salud mental.
