El pasado 25 de mayo el Boletín Oficial del Estado recogía el nuevo proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022. El objetivo de esta ley es aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda. Sin embargo, colectivos asociados a la discapacidad han denunciado que se han olvidado de este sector.
Este plan se encarga de ofrecer a comunidades autónomas y municipios diferentes herramientas que contribuirán a contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social.
Según informa la web oficial del presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros, esta nueva Ley de Vivienda se centra en 5 puntos:
- Impulso de la vivienda pública
- Límites al precio del alquiler
- Mejoras para fortalecer el equilibrio en las relaciones entre arrendador y arrendatario
- Protección contra desahucios
- Nueva definición de gran propietario y vivienda vacía
La Ley de Vivienda no es accesible a las personas con discapacidad
El Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI) ha mostrado su «insatisfacción» por el contenido de la nueva Ley de Vivienda. En este sentido, ha remarcado que los legisladores se han «olvidado» de todo lo relacionado con la accesibilidad de las personas con discapacidad y dependientes. A su vez, denuncian que no se ha cumplido con sus reclamaciones en este sentido.
Una vez que el BOE ha recogido todo lo relacionado con esta nueva norma, y como afecta a los derechos de las personas con discapacidad, el CERMI ha alertado de que los políticas han hecho «caso omiso a la reivindicación esencial del sector de la discapacidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad universal en los elementos comunes de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal».
Tras realizar un informe y valorar el contenido de la norma al respecto y su impacto en los derechos de las personas con discapacidad el CERMI ha alertado de que los políticos han hecho «caso omiso a la reivindicación esencial del sector de la discapacidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad universal en los elementos comunes de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal».
El CERMI muestra su «decepción y frustración» con la nueva Ley de Vivienda
Ante esta situación, el CERMI ha confesado su «decepción y frustración» ante esta nueva normativa. «El 70% de los inmuebles de España de propiedad horizontal son inaccesibles» ha informado este colectivo. Además, ha señalado que esto implica que 100.000 personas con discapacidad y mayores, con problemas de movilidad, en España, sigan «estando presas en sus viviendas». Un confinamiento obligatorio.
A su juicio, «la falta de la consideración hacia la accesibilidad hace que el derecho a una vivienda digna y adecuada que proclama la Constitución se disuelva y quede vacío, sintiéndonos como movimiento social burlado».
El CERMI ha señalado que el Congreso no ha asumido estas peticiones «justas y apremiantes». Ante esto, su valoración de la norma es «negativa y muy crítica». Por otro lado, reclama que «más pronto que tarde se pueda solventar esta situación infame».
Finalmente, el CERMI ha solicitado que se reforme la Ley de Propiedad Horizontal. De este modo, solicita que se establezca como obligatorias y con cargo a la comunidad las obras y actuaciones de accesibilidad donde vivan personas con discapacidad y mayores de 70 años.
