El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha destacado como hito del año 2019 que las elecciones generales del pasado 28 de abril fueron las primeras en las que todas las personas mayores de 18 años pudieron ejercer su derecho de sufragio en España, acabando con el veto a 100.000 ciudadanos con discapacidad intelectual o enfermedad mental incapacitados judicialmente.
Además, lo hicieron hasta en cuatro ocasiones: dos elecciones generales; unas elecciones municipales y autonómicas; y otras europeas.
En este sentido, el presidente del Cermi, Luis Cayo, ha señalado a Europa Press que se trata de una «éxito sin parangón» porque antes «se excluía y se discriminaba por razón de discapacidad». Así, ha calificado de hecho «con indudable carga histórica» que todas las personas con discapacidad pudieran votar en España después de 40 años de régimen democrático.
«Desde el movimiento social de la discapacidad, no ha sido tiempo perdido; otros puede que no hagan sus tareas, pero la sociedad civil sí. Hemos estado preparando con esmero, a conciencia, el arsenal de iniciativas y proyectos que habrían de acometerse nada más haya Legislatura y Gobierno», ha subrayado el presidente del Cermi, quien ha hecho balance del año 2019.
Sin embargo, ha lamentado «no avanzar, no reparar o subsanar exclusiones y discriminaciones tan presentes», algo que ha calificado de «retroceso». En concreto, ha resaltado que, según los últimos datos estadísticos, el empleo de las personas con discapacidad «se aleja aún más» de la evolución del empleo de las personas sin discapacidad.
«En lugar de recortar distancias, estamos muy lejanos, nos separamos aún más. Esto es muy preocupante y confiemos en que sea una cuestión transitoria, no estructural», ha deseado Cayo, destacando que los tiempos muertos «no solo son perdidos, sino que restan, quitan, hacen estar peor».
TENDENCIA DESFAVORABLE EN EMPLEO
Aunque podrían haber ocurrido «muchas cosas positivas» en el año 2019, en su opinión, han sido «pocos» los logros. «Ha despuntado, ojalá no se consolide, una tendencia en el ámbito del empleo siempre desfavorable para las personas con discapacidad, que anuncia malos tiempos futuros», ha dicho.
Por ello, Cayo ha incidido en que 2019 ha sido, tanto para las personas con discapacidad como para «buena parte» del país, un «año perdido», en la medida en que el sistema político y las instituciones públicas «no han cumplido su primer deber que es el de funcionar, el de estar operativas, al servicio de la mejora colectiva».
«ESCASOS» AVANCES PORQUE EL GOBIERNO ESTÁ «DESACTIVADO»
En relación a las personas con discapacidad y sus familias, ha precisado que los resultados, en términos de avance social, de derechos, inclusión y bienestar, han sido «escasos», ya que el Gobierno y las instituciones públicas «han estado y siguen desactivados».
«Ni están y es dudoso que lo vayan a estar de inmediato. Malos tiempos aquellos en que la política y los políticos no son instancias y personas confiables, sino, justo al contrario, factor de inquietud y amenaza. Desafortunadamente, pocos o ningunos avances cuando la agenda, el déficit social es ingente», ha criticado Cayo.
En este punto, ha pedido que para el próximo año haya «estabilidad» política para «recuperar y retomar» las cuestiones pendientes en la agenda política de la discapacidad, «que son muchas y de peso».
Concretamente, Cayo ha destacado a Europa Press la reforma constitucional del Artículo 49, referido a las personas con discapacidad; la «ambiciosa» modificación de todo el Derecho Privado, «para adaptarlo al esquema de los apoyos, no de la sustitución, que debería ser uno de los primero proyectos de Ley que entraran en las nuevas Cámaras, pues el trabajo previo está hecho».
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ESTERILIZACIÓN FORZOSA
Asimismo, ha apostado por transitar «con firmeza» el cambio del modelo educativo, para implantar la educación inclusiva, en la que, a su juicio, España «es tan deficitaria»; y por acometer la regulación legal de la accesibilidad cognitiva o suprimir del ordenamiento jurídico la «esterilización forzosa» de personas incapacitadas judicialmente, que «incide de forma lacerante sobre todo en las mujeres con discapacidad».
Por último, el presidente del Cermi ha pedido que en 2020 se vea extendida la asistencia personal como prestación social «más inclusiva» para las personas con discapacidad. «No hemos estado de brazos cruzados en la sociedad civil, todas nuestras demandas y propuestas están preparadas, listas para pasar a la acción. Que alguien, en el otro lado (el oficial) recoja el testigo. Ahora mismo, solo hay silencio», ha concluido.
