Recientemente se ha conocido que el Gobierno de España quiere dar luz verde a una nueva normativa que va en contra de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Una discriminación que afectaría a este colectivo, que ya ha comenzado a moverse para evitar que se lleve a cabo la derogación de las ayudas al empleo protegido.
Esta iniciativa, lanzada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pretende aprobar un anteproyecto de ley de incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad. De esta forma, se va a eliminar o reducir las bonificaciones para la contratación de personas con discapacidad.
Entre las medidas que incluye, la que más destaca es la eliminación de la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo (CEE). Por ley, estas plantillas deben superar el 70% de personas con discapacidad.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay actualmente 4,5 millones de personas con discapacidad. De las que están en edad de poder trabajar, solo una de cada cuatro tiene un empleo.
La eliminación de esta bonificación golpearía directamente al empleo de las cerca de 100.000 personas con discapacidad que trabajan en alguno de los 2.300 centros especiales de empleo. También a las personas con discapacidad que están en la empresa ordinaria, poniendo en peligro su continuidad laboral.
El CEDDD se mueve para defender a las personas con discapacidad
Muchos son los colectivos que han protestado ante esta nueva normativa que pretende lanzar el gobierno. Entre ellos destaca el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD). Este organismo ha comenzado una ronda de reuniones con partidos políticos. Todo ello con un objetivo claro: evitar que el Ministerio de Trabajo derogue las ayudas al empleo protegido.
Y es que esto supondría un frenazo a todas las políticas por la inclusión desarrolladas hasta la fecha. Como es obvio, este anteproyecto de ley ya ha recibido el rechazo del sector de la discapacidad en bloque, como es el ejemplo del CERMI o PREDIF.
Los primeros encuentros tuvieron lugar con diputados de los principales partidos de la oposición, Partido Popular (PP) y Vox. El presidente de CEDDD, Albert Campabadal, acudió acompañado de representantes de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), asociada del Consejo. La comitiva estaba integrada por:
- Gregorio Garcia Brunelli, nuevo presidente de CONACEE
- Luis Cruz, vocal
- Almudena Fernández-Golfín, directora de la entidad
Albert Campabadal destacó la buena sintonía con los partidos de la oposición a la hora de defender los intereses de los trabajadores con discapacidad. En el caso del PP, la reunión se produjo con Carmen Navarro, vicesecretaria general de Política Social del partido. Con Vox, las interlocutoras fueron las diputadas María de la Cabeza Ruiz, Georgina Trías y el diputado Juan José Aizcorbe.
En su defensa de los derechos de las personas con discapacidad, movimiento CEDDD ya ha manifestado públicamente su rechazo frontal y unánime a las intenciones del Ministerio de Trabajo de derogar los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, uno de los colectivos de más difícil inserción en el mercado laboral.
