La Delegación del Gobierno que elabora el registro oficial sobre las víctimas de violencia de género no precisa cuántas eran madres, ni de hijos mayores ni menores. Si bien, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género elaboró un informe sobre víctimas mortales de la violencia de género durante el trienio 2016-2018 en el que «por primera vez» se analizó la maternidad de las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.
En 2016, el 40% de las asesinadas tenía algún hijo con menos de 18 años; en 2017, el 39,2%; y en 2018, la mitad de las 50 asesinadas, es decir 25 de ellas. Así pues, en esos tres años, como promedio, aproximadamente el 43% de las asesinadas tenía hijas o hijos menores, ya fueran en común con el agresor o de otras relaciones sentimentales.
En 2019, a falta de un mes para que finalice el año, al menos 24 de las 51 mujeres asesinadas tenían un hijo o varios menores de edad, es decir, el 47% del total de las víctimas mortales registradas en lo que va del ejercicio, según los datos recopilados por Europa Press.
De acuerdo a datos de la Estadística oficial de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, un total de 96 menores quedaron en situación de orfandad por el asesinato de sus madres durante el trienio 2016-2018: 30 en 2016; 25 en 2017, y 41 en 2018. En lo que va de 2019, los huérfanos por este tipo de violencia ascienden ya a 43, superando así el total registrado al cierre de cada uno de los tres años anteriores.
LA MATERNIDAD HACE «MÁS VULNERABLE» A LAS MUJERES
Según ha incidido Carmona, estos datos «demuestran» que «la maternidad es, junto a otros factores como la dependencia económica del maltratador, la discapacidad o la extrema pobreza, una circunstancia que hace más vulnerable a la víctima del maltrato». De acuerdo al informe del organismo, en el trienio 2016-2018 «en torno al 75 por ciento de las mujeres asesinadas eran madres», tanto de niños menores como de mayores.
En este sentido, ha recordado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 propone la reforma de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del año 2004 con el fin de proteger a las madres y a sus hijos.
Tal y como ha explicado Carmona, sigue pendiente convertir «en una medida preceptiva la suspensión del régimen de visitas en todos aquellos casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con situaciones de violencia». «Sin duda sería una medida que podría ayudar a que las mujeres den el paso de denunciar al maltratador, pues la denuncia es el único camino que permite ofrecer ayuda y protección integral a esas madres y que impide que los maltratadores queden impunes», ha aseverado.
