El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha trasladado a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) un decálogo de propuestas para fomentar el emprendimiento y el autoempleo entre las personas con discapacidad.
A juicio del CERMI, se debe situar a las personas con discapacidad en las primeras posiciones de la agenda política en materia de emprendimiento económico de iniciativa social y de autoempleo, como sector social sometido a una más aguda exclusión laboral que necesita de un conjunto sistemático y estructurado de medidas de acción positiva para alcanzar la autonomía económica, a través del acceso a un empleo decente. Asimismo, reclama que todas las acciones tengan en cuenta la perspectiva de género, recogiendo las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad.
Como medidas concretas, el CERMI pide en su decálogo promover una ley estatal de fomento del emprendimiento social, que establezca un marco ambicioso de regulación, apoyos e incentivos al emprendimiento económico de iniciativa social. Además, plantea reformar el Estatuto del Trabajo Autónomo para introducir un título de nueva creación dedicado monográficamente a las personas con discapacidad, que entre otros aspectos, incluya los mismos incentivos existentes para las empresas que contratan a personas con discapacidad.
Además, solicita que la Ley de Contratos del Sector Público extienda a los trabajadores autónomos con discapacidad las condiciones que ya disfrutan los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción a efectos de reserva de contratos de las administraciones.
Por otro lado, el CERMI, coincidiendo con el inicio de la nueva programación de los fondos estructurales de la Unión Europea, plantea la creación en España, en el marco del Fondo Social Europeo, de una estrategia nacional de trabajo autónomo y discapacidad, que promueva holísticamente la inclusión laboral de personas con discapacidad a través del emprendimiento y el autoempleo. Para llevar a cabo este punto de manera eficaz, es necesario contar con la colaboración de las organizaciones representativas del trabajo autónomo y las entidades del sector social de la discapacidad.
El CERMI también pide revisar toda la legislación fiscal sobre emprendimiento y trabajo autónomo para establecer un tratamiento tributario especialmente favorable para los trabajadores autónomos con discapacidad y para los autónomos en general que contraten a personas con discapacidad.
Por otra parte, la plataforma representativa de la discapacidad en España ve necesario ampliar a los trabajadores autónomos con discapacidad, con igual intensidad y alcance, las condiciones de protección reforzada vigentes en la regulación de la jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad, así como cuantas otras existan en el ordenamiento de la Seguridad Social para la protección social de las personas con discapacidad por cuenta ajena.
Por último, reclama el impulso de una estrategia de promoción del emprendimiento y del trabajo autónomo de personas con discapacidad en el entorno rural para favorecer la inclusión laboral y el arraigo en el territorio, así como la incorporación al Consejo Estatal del Trabajo Autónomo a un representante del movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI, con el fin de aportar el conocimiento experto de la realidad sociolaboral de las personas con discapacidad y sus familias.
