La asistencia sexual es tan necesaria como la educación o los servicios sociales, pero al tratarse de personas con discapacidad, se suelen obviar como tantas otras cosas.
En países como Dinamarca, el sexo es un derecho como cualquier otro al que tienen acceso libre este colectivo, mientras que «el gobierno australiano acaba de recurrir una sentencia que obliga al estado a pagar una terapia sexual a una mujer con esclerosis múltiple», según recoge el medio ‘Magnet’.
Este servicio es una demanda para las personas con discapacidad, ya que normalmente no se les suele tener en cuenta como seres activos sexualmente, ya que se les suele prestar más atención con respecto a necesidades básicas (comer, dormir, pasear, etc.).
Dinero público para costear el sexo de las personas con discapacidad
«De hecho, ha sido la victoria de una paciente australiana con esclerosis múltiple frente al Servicio Nacional de Seguros para la Discapacidad lo que ha reabierto el debate. La financiación de una terapia sexual valorada en 10.000 dólares anuales no solo da la razón a la paciente, sino que cuestiona si el gobierno debería hacerse cargo de este tipo de servicios», enuncia la fuente.
La opinión del ministro encargado de gestionar el plan nacional para la discapacidad es meridiana: «financiamos los servicios razonables y necesarios». Para Stuart Robert costear con dinero público el sexo de las personas con discapacidad es algo que no cumple con las expectativas de la comunidad y cuya financiación «supondría un riesgo financiero para el futuro del plan para la discapacidad».
Dinamarca aprobó en 2005 una ley que otorgaba a algunas personas con discapacidad el derecho a hacer uso de un trabajador o trabajadora sexual una vez al mes y sin coste alguno. Esta medida pretende equiparar los derechos entre todos los ciudadanos al facilitar el sexo a las personas más dependientes.
