Javi y Lucas llevan dos años yendo con normalidad a la escuela de verano. Sin embargo, este mes de julio, se han visto afectados por el cambio de normativa, decreto 23/2018 de 6 de julio de 2018.
Este, regula las actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Además, se especifica que en caso de participar en ellas personas con discapacidad al equipo dirigente habitual se le tiene que añadir personal cualificado. Esto unido a las ratios que tienen que cumplir según grado de discapacidad de los alumnos han provocado cierta discriminación para estos dos pequeños.
Esta nueva normativa ha supuesto que el centro no haya podido asumir el coste que supone contratar a más personal. «A principios de mayo llegó a nuestras manos el folleto de la escoleta de verano y en él se indicaba que las plazas para niños con necesidades especiales y/o específicas eran limitadas y, como familias afectadas, mostramos nuestra disconformidad» explican Hilda y Nelia, madres de Javi y Lucas al diario El Mundo.
Javier tiene autismo y un grado de discapacidad del 35%, mientras que Lucas tiene parálisis cerebral y su grado de discapacidad es del 90%. Por ello, según la nueva normativa, al tener una discapacidad superior al 75% necesita a su disposición un mínimo de una persona con la preparación y titulación adecuada.
En el resto de casos, para los pequeños con una discapacidad de entre un 65% y el 74%, la ratio es de una persona para cada tres menores. En cambio, si la discapacidad reconocida está entre el 33% y el 64%, se requiere un profesional para cada cinco niños.
«Con estas nuevas ratios, para que los dos niños pudieran ir a la escoleta eran necesarios un mínimo de dos monitores. Pero la escoleta sólo dispone de uno. Así que enseguida nos movimos y hablamos con los responsables para intentar encontrar una solución» cuentan indignadas.
Por ello, decidieron informarse y mover cielo y tierra para encontrar una solución: «Nos informamos y nos dijeron que era competencia de Juventud del Consell de Mallorca. Así que preparamos un escrito y lo entregamos personalmente en ese departamento. Nuestra intención era también reunirnos con un responsable, pero no lo conseguimos» relatan.
Para buscar una solución, cuentan que contaron con el apoyo del Consejo Escolar, así como por parte de la FAPA, el CERMI, el defensor del menor y la responsable de Servicios Sociales de la zona.
Ayudas
El director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia se comprometió a que habría subvenciones para las empresas de cara al próximo verano. Una medida que resultó insuficiente, ya que este año los pequeños se quedarían sin ir.
El gran problema comenzó cuando les comunicaron que solo podían permitir el acceso a uno de los dos pequeños. Sus madres, no obstante, decidieron entregar la documentación juntas y que fuese el azar quien decidiese quien obtenía la plaza. Este, hizo que fuese Lucas el admitido.
Para evitar la discriminación de Javier, sus madres acordaron dividir el mes en dos para que ambos pudiesen disfrutar de la escoleta, eso sí, separados.
