El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. De esta forma, se regula la accesibilidad cognitiva.
Además, entre otras medidas, va a implantar la lectura fácil en textos de interés general. Hablamos de casos como prospectos de medicamentos, documentos administrativos o judiciales.
En concreto, fomentará la implantación de pictogramas y la adaptación de todos los textos de interés general a lectura fácil. Todo ello en zonas urbanas y rurales y en otros ámbitos, como «productos y servicios; espacios públicos; transportes; normativas de edificación; administraciones públicas; patrimonio cultural y procesos de participación pública».
Del mismo modo, el texto recoge una definición de discapacidad cognitiva; establece los ámbitos, condiciones y plazos en los que serán exigibles estas medidas; obliga a crear el Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva; incluye esta nueva dimensión en el Plan Nacional de Accesibilidad y habilita al Gobierno para abordar distintos desarrollos reglamentarios en la materia, entre otras cuestiones.
El texto, promovido por la Comisión Estatal de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), llega del Senado tras ser registrado por Ciudadanos. Ya en la Cámara alta contó con el apoyo de todas las fuerza políticas.
En el Congreso, también ha contado con el apoyo mayoritario de los partidos, aunque PP y Vox han expuesto algunas críticas sobre el contenido y el procedimiento, respectivamente.
Un texto «descafeinado»
Los ‘populares’, según ha explicado su portavoz en esta materia, Carmen Navarro, pedían un texto «más ambicioso». De hecho, considera que los cambios que han introducido a través de enmiendas transaccionales los partidos del Ejecutivo, PSOE y Podemos, convierten a la ley en un texto «descafeinado».
Navarro ha lamentado, por ejemplo, que se hayan aumentado «de dos a tres años los plazos» para que el Gobierno desarrolle el reglamento en esta materia o que del Plan «concreto» para la «accesibilidad cognitiva» se haya pasado a un «Plan nacional de accesibilidad universal». «Lo aceptamos porque el sector así nos lo pide y porque es bueno para el conjunto de la discapacidad», ha apuntado la diputada del PP.
El portavoz de Vox en esta comisión, Pablo Calvo, por su parte ha lamentado que las formaciones reclamen el consenso en esta iniciativa cuando, según ha denunciado, no se ha contado con su formación para las negociaciones del texto. De hecho, ha criticado que se le pida a Vox que apruebe «lo que se le presente» delante «sin información».
De hecho, la formación de Santiago Abascal llevó a votación en la sesión tres enmiendas –para eliminar del texto el uso de «hombres y mujeres», para exigir la accesibilidad también al sector privado y proponer incentivos a las empresas en este sentido, y para pedir ayudas para que las entidades locales también puedan afrontar estos cambios. Las tres han sido rechazadas.
Competencias
La representante de la formación naranja, impulsora de esta propuesta, Sara Giménez, ha destacado que esta iniciativa ha llegado para «enriquecer» al país y ha destacado que este tipo de normas son las que han conseguido que la Cámara baja se ponga de acuerdo.
«Hoy avanzamos en beneficio de todas las personas, sobre todo de las personas con discapacidad», ha señalado la portavoz socialista en esta materia, Fuensanta Lima, durante su intervención. «Es un paso más para que toda persona pueda funcionar de forma autónoma e independiente en la medida de sus potencialidades», ha añadido su homóloga de Podemos, Marisa Saavedra.
Por otra parte, tanto PNV como PDeCat, aunque han votado a favor, ha recordado que las competencias en esta materia las tienen las comunidades autónomas y, ante esta situación, ha indicado el portavoz el grupo vasco, Iñigo Barandiarán, el PNV buscará «matizar» el texto en este sentido; mientras que el portavoz de la formación catalana, Genís Boadella, ha celebrado el «paso de gigante» que supone esta norma.
Mientras, la representante de ERC, Norma Pujol, ha celebrado también esta norma que, a su juicio, «robustece el ejercicio» de los derechos y «la participación comunitaria» en plenitud de todos los colectivos que se van a beneficiar de la misma.
